Por Redacción Noticentro.
Los juicios de materia familiar representaron durante el 2015 el 60 por ciento de la carga de trabajo del Poder Judicial de Tamaulipas, pero además se registró un incremento del 9.19 por ciento de asuntos de esa materia con relación al 2014.
De acuerdo con estadísticas obtenidas del documento que contiene el informe de labores del presidente del Poder Judicial del Estado, Hernán de la Garza Tamez, de los 58 mil 459 asuntos de nuevo ingreso que registraron en 2015 los 92 Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores de Tamaulipas, 28 mil 509 fueron de materia familiar.
Se detalla que “los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores iniciaron éste año (el 2015), con una carga de trabajo en trámite del periodo anterior (2014), de 35 mil 781 asuntos. A ellos se sumaron 58 mil 432 de nuevo ingreso y 9, 810 reactivados”.
Y añade: “de ésta cifra , se resolvieron 58 mil 459 asuntos, suspendiéndose el procedimiento por diversas causas 3, 836 juicios lo que da como resultado un saldo de 36 mil 136 pendientes de resolver”.
De acuerdo con el mismo documento, durante el 2015 se registró un incremento en los ingresos del 9.19 por ciento con respecto al 2014, aunque en contraparte la resolución de expedientes se vio ampliada en un 12.18 por ciento.
El reporte de dinámica judicial en Juzgados de Primera Instancia en materia Familiar, refiere que el 20% de los juicios son divorcios necesarios; 14% divorcios voluntarios; 13 % alimentos definitivos; 9% juicios de jurisdicción voluntaria y 7% alimentos provisionales.
El resto se relacionan con juicios ordinarios civiles , sucesión intestamentaria, y otros.
De los casi 30 mil asuntos restantes ingresados durante el 2015, un total de 15 mil 492 son de materia Civil.
De ellos, 12, 157 fueron de materia Mercantil tales como medios preparatorios, ejecutivos, ordinarios, providencias precautorias mercantiles y suspensión de pagos mercantiles.
El informe no hace referencia al número de procesos penales de nuevo ingreso en el 2015, pero se infiere que están contabilizados en los casi 15 mil restantes.
Solamente se detalla que el 20 por ciento de los procesos son por delitos de atentados contra la seguridad de la comunidad y le sigue el de delitos cometidos contra servidores públicos con un 17%.
