Por Redacción Noticentro.
Porque Tamaulipas es el estado del país con más personas desaparecidas, la bancada parlamentaria del PAN en el Congreso Local demando crear un frente común entre los tres órdenes de Gobierno, la sociedad y los medios de comunicación, para activar acciones de búsqueda rápida en cuanto se reciba la denuncia de una desaparición.
La diputada Belén Rosales Puente presentó con ese propósito una iniciativa de decreto que busca reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Es por ello que la presente acción legislativa propone establecer en nuestra legislación la coordinación entre las autoridades competentes, la participación de la comunidad y medios de comunicación, generando así un frente común en la búsqueda de las personas desaparecidas tal y como se encuentra establecido en las entidades con avances en la materia de procuración de justicia como el estado de Nuevo León” detalló.
La creación del frente común se justifica, dijo, porque de acuerdo con un informe difundido en enero pasado por Amnistía Internacional, respaldado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas, Nuevo León y el estado de México son las tres entidades con más casos registrados de personas desaparecidas o no localizadas en México.
“En Tamaulipas se contabilizan 5,075 personas desaparecidas ; en el estado de México 2,693 y en Nuevo León 2, 246” detalló la legisladora.
Rosales Puente dijo que por esa razón resulta fundamental dotar a la representación social del Ministerio Público, de herramientas para la eficiente operatividad y competencia en los mecanismos de búsqueda, así como las labores que se desarrollen al momento de recibir la notificación de una ausencia o extravío.
Reconoció que actualmente existen protocolos de búsqueda de personas desaparecidas como son el programa “Alerta Amber” para localización de menores extraviados, el “Protocolo Alba-Keneth”, consistente en un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres extraviadas, y “Alerta Platada” para búsqueda y localización de adultos mayores.
“Dichas alertas han mostrado su eficacia pero el principal problema que se observa es que se trata de programas operativos que no están regulados en una legislación, de ahí la necesidad de darles certeza jurídica” mencionó.
Por esa razón, señaló, la acción legislativa impulsada por el grupo parlamentario del PAN busca tres objetivos: uno, promover mecanismos que ayuden en la localización de personas y bienes , así como la ejecución de acciones tendentes a mantener un servicio de comunicación directa por el que se reciban reportes de la comunidad en relación a las emergencias y delitos de que tenga conocimiento.
Dos, establecer un procedimiento que permita comunicar a la ciudadanía de manera directa sobre la privación de libertad o desaparición de una persona menor de 18 años de edad, mayor de 70 años de edad o incapaz, cuando se reúnan los criterios para su implementación y que estos permitan auxiliar a la PGJE en la búsqueda , localización y recuperación de la persona privada de su libertad.
Y tres, crear e implementar un sistema para reporte y seguimiento de personas desaparecidas en la que se actualice constantemente la base de datos que contenga información disponible de las personas desaparecidas.
