Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La historia es real: a las 23 horas de un lunes reciente, Francisco regresaba a casa , acompañado de su esposa y tres pequeños hijos, luego de haber terminado una jornada laboral en la periferia de la ciudad.
Manejaba su vagonetita de modelo antiguo cuando la mala suerte lo colocó en el camino de agentes de la Policía Estatal Acreditable, adscritos a la delegación de Policía del Dos Zaragoza en la capital tamaulipeca.
Los policías le marcaron el alto. Le hicieron las preguntas de rigor: ¿Quién eres?, ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Andas ebrio?, entre muchas más. Al final, le dijeron que lo iban a llevar detenido por manejar a exceso de velocidad.
Desde ahí inicio el atropello policial porque rebasar el límite de velocidad nunca será razón para un arresto o detención. Pero así fue. Lo trasladaron a la delegación de Policía del Dos Zaragoza.
Antes de ser ingresado a una celda le permitieron a Francisco hacer una llamada a una hermana abogada: “me trajeron porque dicen que iba a exceso de velocidad” , le explicó.
Cuando la abogada habló con el Juez Calificador para que informara las razones de la detención, la versión fue diferente a la que tenía su hermano. “Anda ebrio. Es el reporte de los policías”, explicó el funcionario municipal y añadió: “si quiere llevárselo debe pagar 1,200 pesos de multa. Es la única forma o que se quede 36 horas”.
La autoridad no tenía pruebas del estado de ebriedad que le imputaban al detenido. No hubo examen de alcoholemia por lo que la única evidencia era el dicho policial. Pero para el Juez no valió ningún argumento en ese sentido. La familia tuvo que pagar la multa para liberar a Francisco.
Le cuento de ello por dos razones: una, porque las cárceles municipales, no solo la de Victoria sino las de los restantes 42 municipios, están convertidas en verdaderas islas de la impunidad, del abuso y del exceso policial.
En ellas se cometen las más grandes aberraciones y atropellos contra la integridad de quienes tienen la desgracia de infringir el bando de Policía y Buen Gobierno o incurrir en una conducta tipificada como delito.
Ahí no hay más ley que la que dictan los Jueces Calificadores. No todos por supuesto porque siempre habrá quienes se distinguen por su rectitud en el actuar. Pero la gran mayoría de ellos se sienten monarquitas que pueden hacer y deshacer a su antojo.
La segunda razón por la que traigo aquí este asunto es porque ,a pesar de la recurrencia de historias como la de Francisco, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, (Codhet), actúa como testigo de piedra.
De hecho, todo mundo parece darse cuenta de lo que ahí sucede menos la Codhet. Tan seria es la situación que el diputado priista, Heriberto Ruiz Tijerina, presentó una iniciativa de punto de acuerdo precisamente para hacer un exhorto al Ombudsman tamaulipeco a que haga revisiones o supervisiones constantes a las 43 cárceles municipales.
Pero la verdad, no habría necesidad de que un diputado promoviera una iniciativa para recordarle a la Codhet una de sus obligaciones. Ojalá y que el organismo encargado de defender y proteger la dignidad de los tamaulipecos reaccione y se aplique en su tarea.
No vaya a ser la de malas que de pronto , en esos excesos policiales, alguien muera en una celda y la Codhet vaya a tener que andarse lavando las manos inventando culpables.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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