Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Como en cualquier litigio, donde dos partes se someten a la decisión de la autoridad competente, siempre habrá un perdedor que quede inconforme con el fallo. Eso ocurre en cualquier materia incluyendo la electoral.
Por eso los procedimientos jurisdiccionales contemplan varias instancias. En lo electoral, la primera autoridad responsable de dirimir las diferencias entre los partidos políticos o entre estos y los particulares es el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
Frente a un fallo adverso, la parte desfavorecida tiene la oportunidad de acudir ante el Tribunal Electoral del Estado, quien en calidad de segunda instancia deberá revisar la decisión del IETAM.
Pero todavía ahí, con una resolución en contra, el recurrente tendrá una tercera oportunidad de revisión acudiendo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, ahora sí, en su papel de máxima autoridad jurisdiccional, emita un fallo definitivo.
Como podemos ver, el camino está perfectamente bien definido en la ley para que lo sigan aquellos perdedores en los juicios que sienten que la resolución que les aplicaron no está debidamente sustentada en lo factico y lo jurídico.
El problema surge cuando partes involucradas en un litigio o inconformes con la decisión de la autoridad recurren al chantaje o a la violencia como estrategia de presión. Lo que les resulta imposible de conseguir con la ley en la mano lo quieren lograr a base de amenazas o de campañas mediáticas mentirosas que solo confunden a la sociedad.
Eso es exactamente lo que sucede con un grupito de candidatos independientes que durante varios días mantuvieron secuestradas las oficinas del IETAM. Argumentando que los Consejeros electorales les quieren hacer “trampa” para no entregarles dentro de los plazos legales la constancia que los acredita como candidatos, se negaban a abandonar el salón de sesiones del órgano electoral.
En vez de hacer uso de los recursos legales garantizados en la Ley Electoral, los Independientes encabezados por Francisco Chavira, un personaje de negro historial que incluye un proceso penal que lo mantuvo preso durante varios meses, recurren al engaño para colocarse como mártires frente a la sociedad, usando mañosamente la penetración mediática de las redes sociales a través de las que cuentan las cosas a su manera.
En esa calidad de mártires azuzaron a la ciudadanía publicando fotografías de policías resguardando el inmueble o de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a quienes acusaban de intentar intimidarlos cuando la realidad es que los primeros protegían la integridad del personal del IETAM y los segundos trabajaban en la integración de una averiguación previa penal.
Eso lo sabe Chavira y el resto de quienes le siguen el juego. Por eso, conscientes de que podrían ser detenidos de un momento a otro preparan el terreno para que cuando eso ocurra decirse víctimas de represión política. Esa es su jugada.
Por lo pronto, sabedores del riesgo de ser apresados, cesaron la “toma” del inmueble”.
Al tiempo, tiempo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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