Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
La protesta policiaca realizada éste lunes frente a Casa de Gobierno deja dos lecturas inevitables: una, que el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez y Martínez, está resultando incapaz para resolver sus propios conflictos, y dos, que hay carencia de recursos económicos para combatir, por lo menos con el mismo ritmo que se venía haciendo, el fenómeno delincuencial que en los últimos días se ha recrudecido.
No hay antecedente, reciente ni lejano, como el ocurrido al mediodía de éste lunes, en que decenas de elementos policiacos acudan a la Casa del Gobernador para pedirle que les ayude a resolver sus problemas. El mandatario, Egidio Torre Cantú, se mostró sensible frente a la situación y atendió a los manifestantes lo que, sin duda, habla bien de él. Les reiteró el orgullo que los tamaulipecos sienten por la corporación estatal y les aseguró que en breve les subsanaran el adeudo.
El asunto está en que no había necesidad de que los policías tuvieron que llegar a ese extremo de plantarse frente a la Casa de Gobierno, sobre todo cuando los mismos policías habían anunciado el movimiento desde dos días antes. Alguien falló en ese tema por no haberlo evitado.
Por lo pronto, uno de quienes fallaron fue el mismo Secretario de Seguridad Pública. Pero no es algo para asombrarse porque hacia dentro de la misma dependencia es un secreto a voces que el funcionario ha sido incapaz de tomar el control de la situación.
Desde su llegada, el General se ha dedicado a perder el tiempo imponiendo medidas disciplinarias absurdas a su personal operativo y administrativo, que solo han generado burlas, en vez de enfocar su esfuerzo a diseñar una estrategia que permita enfrentar con eficiencia el problema delincuencial en las calles, que fue para lo que lo trajeron.
Es preocupante ese asunto, pero lo es todavía más que nos demos cuenta de que no hay recursos presupuestales para combatir el problema de inseguridad pública. Por eso los agentes no han recibido su pago y por eso también la Secretaría de la Defensa Nacional retiro los militares de Tamaulipas y de otros estados como Nuevo León.
Pero déjeme y le digo algo: no creo que el problema sea del Gobierno del Estado. En realidad el principal obligado a enfrentar la situación es el Gobierno federal. No tiene el Estado porque pagar el patrullaje militar como lo venía haciendo y que nos costó a los tamaulipecos miles de millones de pesos (se dice que casi cinco mil).
Seguir con la misma estrategia de que el Gobierno del Estado solicitara cada año un crédito para financiar el auxilio de las fuerzas federales es imposible. Hacerlo así hubiera implicado tener que seguir descuidando otros rubros que son igual de importantes o más que la inseguridad pública.
Frente a ello no estaría nada mal que los Gobiernos estatales se unificaran en ese tema y que le exijan a la federación atender su responsabilidad en garantizar ese derecho a la seguridad pública. Esa parece ser la única salida para atacar un problema en el que los Estados ya no tienen ni capacidad económica ni operativa para hacerlo por sí mismos.
Ojalá y se den prisa.
EL RESTO.
¿A quién más le debe dinero la Secretaría de Seguridad Pública?
ASI ANDAN LAS COSAS.
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