Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Si quienes ejercen el Gobierno actúan con sentido común deben interpretar como una llamada de atención, una especie de foco rojo, el episodio de violencia que vivió el reclusorio victorense la tarde del pasado martes.
El motín o riña (como lo definió la Secretaría de Seguridad Pública) fue algo así como un aviso más de lo que puede ocurrir hacia dentro y fuera de los penales tamaulipecos.
Un Gobierno responsable y preventivo, como seguramente lo es el de Egidio Torre Cantú, ya debe estar trabajando en una estrategia para evitar que en cualquier momento alguno de los llamados Centros de Ejecución de Sanciones se conviertan en otro “Topo Chico”, donde casi medio centenar de reos murieron recientemente en un violento motín.
No creemos que la autoridad estatal se vaya a quedar de brazos cruzados frente a una alerta tan contundente como la del martes. El costo político que tendría para cualquier gobierno un episodio sangriento en un penal, después de lo de Nuevo León, sería fatal y más estando dentro de un proceso electoral.
Ya habíamos abordado el tema aquí el pasado 12 de febrero. Dijimos en esa ocasión que “ojalá y que lo mínimo que hagan los Gobiernos sea aprender de la experiencia. Ojalá y que la masacre en “Topo Chico” los motive a, de una vez por todas, meterle mano al rubro penitenciario del país, para hacer que las cárceles cumplan con su razón de ser , de reinsertar socialmente a quienes, por los motivos que sean, se involucren en un ilícito”.
La verdad, soy un convencido que más que incapacidad o falta de recursos económicos, lo que ha impedido que el Gobierno ejerza real control de los penales, ha sido falta de voluntad.
Espero, como seguramente usted lo espera también, que esa voluntad llegue ahora. Una voluntad entendida como la real decisión de inyectarle dinero suficiente a los reclusorios para crear la infraestructura necesaria, para contratar los suficientes vigilantes, trabajadores sociales, psicólogos y todos los operadores que requiere un sistema penitenciario.
Un sistema donde los reos reciban alimentación digna, donde se promueva el deporte, donde se les garantice salud y trabajo, porque todos esos son derechos que, aun privados de su libertad, tiene cada uno de ellos, y de los que el principal obligado es el Estado.
Atendidas esas necesidades los penales dejaran de ser las “bombas de tiempo” en que están convertidas. Ojalá y que la autoridad entienda el mensaje que dejo la riña del martes en el Cedes victorense.
EL RESTO.
Por cierto, los hechos violentos en el reclusorio victorense obligan a preguntarnos: ¿Cuándo sacarán por fin el Penal de la ciudad?.
Y otra más: ¿Cuándo reiniciarán las obras del nuevo reclusorio que se construye en la salida a Ciudad Mante y en el que ya se invirtieron alrededor de 400 millones de pesos?.
Es un crimen tener abandonado, expuesto al deterioro, un inmueble en el que se han invertido tantos millones de pesos. Es, en verdad, reprochable.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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