Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
No hay que buscarle mucho: el sangriento motín en el penal del “Topo Chico” en Nuevo León, tiene un solo culpable: el Gobierno. Y cuando le hablo del Gobierno me refiero al federal, al estatal y hasta al municipal. Todos tienen una parte de responsabilidad.
¿Razones? Igual que sucede con los reclusorios del resto del país, todas las autoridades sabían cuál era la situación que
prevalecía hacia el interior pero ninguna hizo absolutamente nada al respecto.
Todas nadaron de muertito y el resultado fue dramático, terrible: medio centenar de reos muertos y al menos dos docenas de heridos.
De todas esas víctimas, le insisto, son culpables todas las autoridades, las actuales y las que le precedieron, porque ni unas ni otras movieron una sola mano para tratar de recuperar el control de esa prisión.
Lo peor de todo es que nadie enfrentara consecuencias por esa omisión homicida. Así ha sido siempre. Aplicarán la misma estrategia gubernamental de siempre: ponerle “hielo” al tema para que al paso de las semanas o los meses quede sepultado en el olvido.
Esa ha sido la política pública en el tema penitenciario. Por eso desde siempre los reclusorios han sido llamados, con justa razón, “universidades del crimen”.
Ojala y que lo mínimo que hagan los Gobiernos sea aprender de la experiencia. Ojala y que la masacre en “Topo Chico” los motive a, de una vez por todas, meterle mano al rubro penitenciario del país para hacer que las cárceles cumplan con su razón de ser: reinsertar socialmente a quienes, por los motivos que sean, se involucraron en un ilícito.
Seguir con la misma apatía frente a un problema tan grave , sobre todo después de ésta masacre en el penal neolonés, sería lamentable e irresponsable.
Es momento de que los Gobiernos, en particular el federal y el estatal, volteen hacia los Penales. Que inviertan lo que sea necesario para construir los espacios necesarios para acabar con el hacinamiento que prevalece en las cárceles.
Que contraten el número suficiente de custodios para impedir la violencia y los autogobiernos. En suma, es urgente que la autoridad haga lo suficiente para que las cárceles sean realmente eso: cárceles, y no ciudades sin ley.
Si no lo hacen, de poco o de nada van a servir los miles de millones de pesos que serán invertidos en el país para implementar un nuevo modelo de justicia penal, que se nos está ofreciendo como la panacea para revertir el descredito social en quienes procuran e imparten justicia.
En cada entidad del país se construyen inmensos y lujosos edificios, se gastan carretadas de dinero en preparar a los operadores jurídicos y a los policías, todo ello con el propósito de darle transparencia y eficiencia al sistema de justicia penal, pero nadie, absolutamente nadie, ha volteado hacia las cárceles.
Eso significa que el último eslabón del sistema de justicia, el de la reinserción social de quienes han infringido la ley, está en el abandono total.
Luego entonces, si el Gobierno no extiende el cambio hasta las prisiones, a la vuelta de pocos años el sistema de justicia penal acusatorio estará tan desacreditado como lo está el actual sistema mixto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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