Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), José Martín García Martínez, acudirá éste viernes al Congreso del Estado para entregar su informe anual de labores del año 2015.
La Ley de la Codhet establece en su artículo 22, como una atribución del presidente enviar un informe general de labores al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado en el mes de enero de cada año y comparecer ante el Pleno Legislativo cuando así se lo solicite.
Debido a ello, fue agendada una reunión de García Martínez con los diputados que integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, éste viernes al término de la sesión ordinaria del Congreso del Estado.
El año pasado, García Martínez fue severamente criticado por los diputados locales porque se limitó a entregar su informe al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, en un acto privado.
Las criticas arremetieron porque el Ombudsman se negó recurrentemente a comparecer posteriormente ante la Comisión de Derechos Humanos para aclararles una serie de dudas a los diputados.
Luego de varios meses, el encuentro por fin se realizó, pero ni eso dejó satisfechos a los legisladores quienes la reclamaron su desdén y la falta de claridad en el informe de la Codhet.
Este año, García Martínez accedió a entregar su informe en un acto especial con los legisladores.
En entrevista reciente, adelantó que durante el 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), inició 1,463 expedientes de queja contra igual número de servidores públicos.
Explicó que en total fueron 6, 564 ciudadanos los que solicitaron la intervención de la Codhet al dolerse de presunta violación de derechos humanos.
Sin embargo, en solamente 1, 463 casos se inició la integración de un expediente de queja porque en el resto las partes llegaron a un acuerdo a través de la conciliación.
De esos expedientes un total de 45 concluyeron en recomendación. La Codhet está atenta a que se cumplan las sanciones contra los servidores públicos señalados.
Aunque el número parecería alto, dijo, en realidad la cifra es menor en un 18 por ciento en comparación a la del 2014.
Las autoridades que recibieron mayor número de quejas son: la Policía Estatal Acreditable ; el Tribunal de Arbitraje para el Estado y los Municipios; la Secretaría de Finanzas ; las agencias del Ministerio Público y Policía Ministerial, y la Secretaría de Educación.
