Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El tiempo no perdona. Faltan poco menos de cinco meses para que venza el plazo que se autoimpuso el Gobierno de Tamaulipas para “aterrizar” en todo el estado la nueva modalidad de procurar e impartir justicia penal. La fecha elegida es el 13 de junio próximo, cinco días antes de que expire el límite establecido para todo el territorio nacional.
Estoy consciente de que en los días que corren el interés colectivo es monopolizado en su totalidad por el tema político. Nada ni nadie tiene el peso suficiente para robarle reflectores a la pregunta de ¿Quién será el candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas?.
Pese a ello, hoy quiero dejar sobre la mesa una situación que ha sido desatendida por los responsables de implementar el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, lo que popular y coloquialmente la gente identifica como “juicios orales”.
Desde el 2012, cuando el Gobierno comenzó a trabajar en la capacitación de los operadores jurídicos, y luego en 2013 cuando el sistema se estrenó en Ciudad Victoria con solo tres delitos, comenzamos a insistir aquí en la necesidad urgente de priorizar la socialización del nuevo modelo de justicia penal.
Es importante, dijimos con terquedad en aquella ocasión, explicarle al ciudadano común, al que no tiene obligación de conocer lo mínimo de Derecho, las diferencias que habrá entre un sistema de justicia penal tradicional con el que ya opera en al menos ocho municipios del estado y que deberá estar operando en todo el estado y para todos los delitos a partir del 13 de junio próximo.
Pero ahí está el problema: todo mundo fingió demencia. Si acaso se mandaron difundir algunos spots publicitarios en radio y televisión, se pagaron algunas inserciones en varios periódicos y se imprimieron un puñado de carteles que fueron colocados en las “paradas” del transporte público, con la idea errónea de que con ello bastaba para explicarle al ciudadano, (ese, que le insisto, nada sabe de Derecho porque no tiene obligación de saberlo) el contenido elemental del sistema acusatorio y oral.
La omisión ha sido y sigue siendo subestimada. Haciendo valida la cultura mexicana de dejar todo para el último minuto o simplemente aplicando la máxima de “sobre la marcha aprenderán ”, los funcionarios responsables han minimizado la importancia de explicarle a “Juan Pueblo”, por ejemplo, que en adelante casi todos aquellos que cometan un delito serán juzgados en libertad. Es decir, prácticamente nadie irá a prisión en lo inmediato por cometer un delito.
El hecho es así porque en un sistema como el acusatorio y oral, cuyo andamiaje descansa en el principio de presunción de inocencia,— que no es otra cosa que considerar inocente a una persona hasta que se le compruebe su culpabilidad— el mantener internado en un Penal a quien es acusado de un delito solo será posible en muy pocos casos previamente establecidos por la ley.
De ahí la urgencia de socializar con abundancia el sistema de “juicios orales”. Esperemos que la autoridad reflexione al respecto. Las consecuencias podrían ser desastrosas, sobre todo si lo que se busca es recuperar la confianza social en la justicia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
