Por Jorge Fernández Menéndez.
Si Rubén Núñez, el todavía líder de la Sección 22 de la Coordinadora, descalificó como “espurios y traidores” a los maestros (más del 60 por ciento) que participaron en la evaluación magisterial en Oaxaca, sus pares de Guerrero, viendo que no podían impedir la llegada masiva de maestros a la prueba de evaluación, decidieron infiltrarse en ella para tratar de reventarla desde dentro. Una treintena de maestros, casi todos de educación física (que la Coordinadora usa en sus grupos de choque) que se habían inscrito en la prueba intentaron impedirla, destrozando computadoras y desconectando servidores. Con los golpes, los gritos y los sustos alejaron el jueves a un número importante de los convocados, pero de todas formas más de la mitad de los maestros presentaron la prueba y un importante porcentaje de los que se vieron impedidos ese día lo hicieron en los siguientes. Una vez más la Coordinadora fracasó.
En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero no es hegemónica entre el magisterio. Representa alrededor de siete o diez por ciento de los maestros, pero ha adquirido preeminencia porque está concentrada en Chilpancingo, y porque en los gobiernos de Ángel Aguirre y de Rogelio Ortega se le dio todo tipo de prerrogativas y recursos, utilizándolos como una suerte de grupo rudo en la búsqueda de objetivos políticos muy particulares (por ejemplo, la quema de documentación comprometedora de ambos gobernadores en los ataques de la CETEG contra oficinas gubernamentales). La relación de la CETEG con grupos armados y radicales, incluyendo a los dirigentes de la normal de Ayotzinapa, agudizó las posiciones más violentas en ese grupo de la Coordinadora, que suele recurrir a la intimidación y la agresión de sus adversarios sin medir consecuencias, sabiendo que sus acciones quedan siempre en la impunidad.
Pero quizás ahora ya no sea así. Los vándalos que interrumpieron las pruebas el jueves serán juzgados y aseguran las autoridades que también serán castigados. Los que no hayan participado en las pruebas de evaluación y las hayan intentado boicotear perderán sus plazas. Si en Oaxaca la prueba de fuego para las autoridades fue retomar el control del Instituto Estatal de Educación, para, a partir de allí, desarticular la red política de la Sección 22, en Guerrero el desafío es imponer la ley: en ningún otro lugar de la República estos grupos gozaron de tanta impunidad, en ninguno han causado tanto daño, han robado, bloqueado, agredido e incluso asesinado, sin que sucediera nada.
La mejor demostración de ello se dará el próximo fin de semana cuando integrantes de la CETEG y estudiantes de Ayotzinapa marcharán y bloquearán la autopista del sol para conmemorar la muerte de dos estudiantes de esa escuela, en los enfrentamientos suscitados al desalojar un bloqueo en la misma autopista en 2012. Lo cierto es que los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en esos hechos han sido castigados y separados de sus cargos. Pero se olvida que los normalistas de Ayotzinapa ese día mataron a un trabajador de una gasolinería que está sobre la autopista cuando, una acción criminal, le prendieron fuego al expendio. El trabajador quedó entre las llamas, tratando de apagar el fuego y murió: hay videos, están identificados quienes participaron en esa muerte y nadie ha sido procesado por ello. El crimen de ese trabajador, perpetrado por ese grupo de normalistas de Ayotzinapa, quedó impune. Este fin de semana cuando marchen para recordar a los suyos, sería hora de que las autoridades les recuerden que también tienen las manos manchadas de sangre.
En Guerrero se vive una situación de franca ingobernabilidad dejada por los gobiernos de Aguirre y Ortega. La mezcla es explosiva: normalistas y familiares manipulados por los grupos más radicales; una corriente del magisterio que tiene como referente a grupos armados; éstos están trabajando políticamente en buena parte de la entidad al tiempo de que, presentados como policías comunitarios, están construyendo bases armadas como nunca antes las tuvieron; organizaciones criminales que cubren casi todo el territorio del estado, convertido en el principal productor de goma de opio y mariguana del país, con fuertes redes de distribución en México y en Estados Unidos y control de posiciones municipales y estatales. Y todos estos grupos y organizaciones unidos entre sí, en una trama donde el poder del estado ha quedado conscientemente marginado, en las dos pasadas administraciones, con la complicidad de los propios gobiernos estatales que, además, se caracterizaron por la corrupción.
Para reconstruir el tejido social de Guerrero se requiere hacer mucho, quizás demasiado, pero no se puede comenzar de ninguna forma sin romper el circuito de impunidad que abarca casi todo. Y hacer respetar la evaluación magisterial y castigar todos los hechos de violencia que se han dado en torno a ella puede ser la primera piedra de una muy largo camino por construir.
