Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las bancadas del PRI, PANAL y PVEM, presentaron una iniciativa de decreto para aumentar la penalidad del feminicidio, fijando una mínima de 40 años de prisión y una máxima de 60.
Además, cambiara la descripción del delito para que también sea una mujer la que pueda cometerlo y no solo un hombre como lo exige en la actualidad la legislación penal, y contemplara cárcel de tres a ocho años e inhabilitación hasta por 10 años, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
La propuesta fue llevada al Pleno legislativo, durante la sesión ordinaria de éste miércoles, por la diputada del PRI, Olga Sosa Ruiz.
La iniciativa contiene reformas al artículo 337 Bis del Código Penal del Estado, donde está tipificado el delito de feminicidio.
Entre las modificaciones más importantes que se proponen al delito figuran las siguientes: actualmente el feminicidio es castigado con una pena mínima de 30 años de prisión y una máxima de 50, y la propuesta es de que se sancione con pena de 40 a 60 años.
También cambiara la descripción de la conducta delictiva. Actualmente el Código Penal señala que : “comete delito de feminicidio el hombre que dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de género”.
En cambio, la acción legislativa que proponen PRI, PANAL y PVEM, lo define de la siguiente manera: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género…”
Con esta descripción también abre la posibilidad de que una mujer cometa feminicidio.
Otro aspecto relevante es que la reforma incorpora nuevas fracciones al delito de feminicidio para acreditar que la muerte de la mujer ocurrió por razones de género.
Actualmente el tipo penal solo señala que: “existen razones de género de parte del sujeto activo cuando se realice por alguno de los supuestos siguientes: I.- Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada, o II, que existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo contra la mujer.
En cambio, la iniciativa que fue enviada a Comisiones para su estudio y dictamen, enlista siete circunstancias por las que se puede acreditar la razón de género.
“Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias …” establece el numeral.
Cuando: “I.-La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”;
III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V.- Existan datos que establezcan hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.- La víctima haya sido incomunicada , cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, o;
VIII.- El cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.
Además de las sanciones descritas, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
La diputada Sosa Ruiz señaló que la intención de perfeccionar la redacción del artículo 337 Bis, busca otorgar y garantizar la más amplia protección de los derechos de las mujeres ante situaciones de violencia, ampliándose para ello el tipo penal y sus elementos.
“Lo que buscamos es una homologación a la norma penal federal como una forma de armonizar nuestro marco local y dar con ello una mayor certeza jurídica” indicó.
