Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
“El reto para Tamaulipas es el reclutamiento de policías” admitió ésta semana el Gobernador, Egidio Torre Cantú.
De acuerdo con las cifras reveladas por el mismo mandatario, tan solo la Secretaría de Seguridad Pública tiene un déficit de tres mil elementos.
A esos hay que sumarle por lo menos otros mil que necesita la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para su policía investigadora.
Como se ve, la tarea no es nada fácil. Por eso el Gobernador lo llama un reto.
Pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se ha logrado abatir ese rezago o déficit policial?.
En lo personal, creo que son dos razones específicas: por un lado hay un temor natural de la población, y en específico de los jóvenes, a enrolarse como policía por el riesgo que esa actividad enfrenta, particularmente desde hace cinco años en que muchos elementos han muerto o han desaparecido a manos de la delincuencia organizada.
Aunque el sueldo de un policía en Tamaulipas prácticamente se ha incrementado hasta en cinco veces en comparación a lo que ganaban hace tres años, son muy pocos las personas que se interesan por incorporarse a una tarea inestable en lo laboral y extremadamente peligrosa.
Por otro lado, el llamado proceso de evaluación y control de confianza que debe ser aprobado como requisito principal para ingresar a una corporación, ha sido diseñado bajo estándares extremos pero a la vez ineficientes.
Se somete a los aspirantes a exagerados procesos de escudriñamiento, que caen en el abuso, buscando presuntamente evitar que se filtren personas vulnerables a la corrupción.
Sin embargo, abundan historias documentadas de la ineficiencia de esos procesos de evaluación, porque resulta que, por ejemplo, en el caso de los policías en activo que buscaban la certificación para lograr su permanencia, hubo quienes teniendo una fama pública terrible , de “bandidos”, hacia dentro de su corporación, lograron aprobar los exámenes, y en cambio quienes tenían un historial limpio los reprobaron.
Lo mismo ha venido sucediendo con muchos aspirantes que han sido rechazados porque presuntamente “no reunían el perfil”.
Frente a esas dos situaciones, parece obvia la necesidad de que el Gobierno modifique el proceso de evaluación y control de confianza. No para que le abra la puerta a los “bandidos” sino para buscar que la valoración sea realmente efectiva a la hora de definir los perfiles idóneos.
Aquí hemos planteado la necesidad, también, de modificar los requisitos para ser policía. Sobre todo el que se refiere a la escolaridad exigida.
Por ejemplo, en el caso de la Policía Ministerial se le pide a los interesados tener una carrera profesional.
Valdría la pena valorar la posibilidad de abrirle la puerta de la Policía a los jóvenes bachilleres, con el compromiso firmado de que una vez investidos como agentes deberán cursar una licenciatura.
Una estrategia de esas características garantizaría , de entrada, que se daría de alta a jóvenes no “maleados”. ¿Qué malicia o pecado puede tener un muchacho de 18 años recién egresado de la preparatoria?.
De esa forma se estaría abatiendo el déficit enorme de policías con elementos sanos en todos los aspectos. Ahí queda, por si a alguien le interesa.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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