Por Yuriria Sierra.
Nadie, absolutamente nadie en el mundo, tiene la verdad absoluta con respecto a algo. De ahí la importancia de que las leyes se construyan con un espectro tan grande como la brecha que hay entre pensamientos completamente opuestos. Con la resolución en la SCJN del proyecto de Arturo Zaldívar, que dio oportunidad de sembrar y consumir su propia mariguana a los cuatro mexicanos que se ampararon ante la prohibición, la espera y la urgencia por el debate al respecto se enfatizó. ¿Cuándo seremos capaces de entrarle al toro por los cuernos? ¿Cuándo nuestro país comenzará a elaborar leyes que respondan más a la realidad que a los prejuicios (o los intereses creados) sobre la misma? ¿Cuándo México comenzará a dar pasos al mismo ritmo que sus vecinos? ¿Cuándo no llegaremos tarde? Los esquemas de legalización ya se están dando en EU: hoy ya es legal su uso medicinal en al menos 20 estados y recreativa en cuatro; Canadá ha iniciado este debate: su primer ministro, Justin Trudeau, ha prometido que la legalización de la cannabis con fines recreativos será una realidad. ¿Y aquí, en el país de los grandes señores de las drogas, podremos hablar y regular debidamente el mercado de las drogas ? Lo resuelto en la Corte la semana pasada le dio al gobierno una oportunidad de oro para comenzar a dar esos pasos hacia el fin de la prohibición. No sólo entender y dar acuse del libre albedrío de sus ciudadanos, sino asumir el papel que a un Estado liberal le toca jugar en estos temas: la realidad es lo que es, y saber qué hacer con ella. ¿Qué Estado jamás ha podido prohibir la realidad? Todos los que han intentado cualesquiera política prohibicionista lo único que han alimentado es la corrupción y/o las revueltas.
Y si pensamos en los fines prácticos que se obtienen con la legalización (como un mejor control de adicciones, además de las posibles implicaciones en la lucha contra el crimen organizado, o la creación de un mercado igual de millonario que el ilegal sólo que regulado y que pague impuestos y genere empleos debidamente remunerados, pero, sobre todo, que acabe con el derramamiento de sangre) no sé qué estamos esperando. El gobierno de Enrique Peña Nieto aún puede hacer de éste, uno de los grandes momentos en los que se miden los hombres de Estado. Ayer dio un mensaje que parece (aunque aún con timidez) acercarse a ese cometido. Será la subsecretaría de Derechos Humanos de Segob, a cargo de Roberto Campa, la que se encargue de iniciar un debate que genere, por sobre todo, la información necesaria para sustentar cualquier postura. Lo ideal sería que a partir de esta discusión se dejen las posturas que ya han demostrado no servir para nada, como no sea para aumentar el crimen, la corrupción y la violencia. Ya lo dijo usted ayer, señor presidente Peña: “No puedo ser dueño único de la verdad, ésa es mi convicción personal. Estoy muy abierto y lo estaré como Presidente de la República para recoger realmente posiciones debidamente documentadas, científicamente sostenibles que eventualmente puedan dar curso a una posición distinta…”. Porque por encima de percepciones personales, la función de un estadista es, justamente, abrir el espectro para todas las posibilidades. Ojalá que no quede esto sólo en un llamado sino que vaya a un verdadero debate respecto a un tema que en el discurso sólo hemos evitado, pero en la realidad nos cobra muertos día con día.
¿Qué tal empezar por reconocer que eventos tan dolorosos y agraviantes como los de Ayotzinapa, o la fuga de El Chapo Guzmán, o los miles de muertos que contabilizamos desde hace al menos una década, tal vez no tendrían lugar si las drogas no fueran tan millonario negocio clandestino? Porque millonario va a seguir siendo, pero, al menos, puede ser regulado por un Estado al que hoy ya no le alcanzan ni el alma ni los recursos para perseguir —así sea sólo en el discurso que no tanto en la realidad— la libre decisión de miles de ciudadanos. Le alcanzará para informar, prevenir, y hasta rehabilitar, pero ya no para perseguir lo que es imposible perseguir desde las sombras.
