Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El pasado sábado llegaron a mi celular las fotografías tomadas por una conductora de la escena de un accidente trágico ocurrido en el libramiento “Emilio Portes Gil”, donde un conductor presuntamente ebrio embistió dos motocicletas matando a una persona y dejando gravemente lesionadas a dos más.
En una de las gráficas se aprecia a personal de técnicas forenses haciendo su labor de recolección de evidencias. A su lado se ve a varias personas curioseando lo sucedido. Es decir, había gente ajena a las autoridades dentro de la escena del delito.
El asunto me preocupo por una razón fundamental: los hechos ahí sucedidos cobraron la vida inocente de una persona a manos de un sujeto presuntamente alcoholizado para el que se espera haya un castigo ejemplar.
Sin embargo, el problema está en que los delitos ahí cometidos, comenzando por el homicidio, lesiones, daño en propiedad y otros que resulten, son competencia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, cuyo proceso es extremadamente garantista de los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima u ofendido.
Eso significa que cualquier falla en la investigación a cargo de la Policía y del Ministerio Público podría ser factor decisivo para lograr que el responsable reciba un justo castigo o quede en libertad.
Pues bien, en las fotografías que me allegaron y que circulan en las redes sociales, resulta evidente que la escena de los hechos no fue protegida como impone la ley . Ojalá y no sea así pero una situación de ese tipo podría ser la llave que abra la puerta de la impunidad a quien comete un delito.
Ese va a ser el problema con el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral. Que cualquier error de la autoridad que sea bien capitalizado por la defensa podría dejar sin castigo a los delincuentes. Es decir, prevalecería la injusticia.
El hecho del que le hablo parece dar la razón a quienes consideran que en el proceso de capacitación de los operadores del sistema acusatorio se comenzó de arriba hacia abajo cuando lo recomendable era iniciar a la inversa.
Es decir, debió haberse centrado el proceso de formación por los primeros que conocen de un hecho delictivo: los policías.
Pero no. A lo largo de los últimos dos años la capacitación privilegió a Jueces, agentes del Ministerio Público y defensores, dejando para el último a los policías.
Desde luego que tal situación es riesgosa porque la tarea que realizaran los policías será algo así como los cimientos que darán fuerza o debilidad al proceso penal.
En consecuencia, un trabajo mal hecho podría terminar dejando sin castigo a un delincuente.
De ahí la preocupación que me generaron las fotografías de que le hablaba al inicio. Ojalá y sea algo que hayan detectado también las autoridades.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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