Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El próximo reemplazo de los Ministros, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, ha colocado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el centro de un debate nacional por la posibilidad de que quienes ocupen esos espacios sean personajes que, si bien tienen una larga trayectoria como juristas, también lo es que están abiertamente vinculados al PRI y al PAN.
El temor , bastante justificado por cierto, es de que colocar como Ministros al Senador con licencia del PRI, Raúl Cervantes y al exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez, significaría poner en grave riesgo la independencia que durante al menos las dos últimas décadas ha alcanzado el máximo tribunal de justicia en el país.
En lo personal coincido con quienes piensan así. Creo que politizar la SCJN implicaría colocar bajo la sombra de la duda las decisiones que el tribunal vaya a tomar cuando lleguen a sus manos asuntos que al Ejecutivo o a los partidos políticos les interese se decida en tal o cual sentido.
Y aunque no fuera así, siempre quedaría en el aire la duda de cuándo una sentencia fue dictada en función de intereses partidistas y cuándo realmente en base a lo que dicta la norma.
Pero más allá de a quien vaya a proponer el presidente Enrique Peña Nieto para reemplazar a Silva Meza y Sánchez Cordero, decidimos traer el tema a este espacio solo para referenciar que esa politización o partidización que tanto se teme en el ámbito nacional es algo vigente desde hace muchísimo tiempo, tal vez desde su existencia, en los Poderes Judiciales locales.
Es un secreto a voces que los Supremos Tribunales de Justicia de los estados, que son algo así como una réplica de la SCJN pero en chiquito, desde siempre han sido utilizados por los Gobiernos para premiar a políticos o para favorecer a amigos o parientes.
La consecuencia de ello ha sido que casi siempre los máximos tribunales de justicia en los estados quedan en manos de personas que en su vida han llevado un litigio . Es obvio entonces que quienes pagan los platos rotos terminan siendo los justiciables, porque su reclamo de justicia queda en manos de alguien que de jurista solo tiene el título que algún día obtuvo, sabrá Dios bajo qué circunstancias.
Esa ha sido una práctica común en todos los estados del país lo que deja claro que esa obligada división de poderes que mandata la Constitución es solamente una ficción o una disposición romántica. En realidad los Poderes Judiciales del Estado son simples auxiliares o instancias dependientes del Ejecutivo.
Ojalá y ahora en que a nivel nacional, académicos , juristas y organizaciones no gubernamentales, están poniendo el grito en el cielo por la sola posibilidad de que dos políticos lleguen como Ministros a la Corte, volteen hacia los estados donde la situación si es realmente grave porque eso que ellos temen allá desde hace muchos años es una realidad en las entidades federativas.
Sería entonces una buena oportunidad para que, desde las instancias nacionales, se impulsara un movimiento que obligara a los estados a buscar y encontrar un mecanismo que garantice que quienes conformen los Supremos Tribunales de Justicia sean realmente expertos en Derecho.
Mientras no se haga algo así, esa pretensión de recobrar la confianza ciudadana en el sistema de justicia no pasara de ser mero discurso oficial. Ni más ni menos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
