Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Auditor Superior del Estado fue instruido para acelerar los informes de resultados de 37 cuentas públicas rezagadas y pendientes de dictaminar, entre ellas 22 correspondientes a la administración municipal de Reynosa que encabezó el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Erasmo González Robledo, explicó que lo anterior ocurrió la semana pasada durante una reunión con el Auditor, Miguel Salman Alvarez, en la que también estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas.
“Tuvimos esa reunión y le pedimos al Auditor que apremie los informes de resultados porque la idea es terminar ésta legislatura con un logro histórico de cero rezago” detalló.
Las cuentas de Cabeza de Vaca son 22 de las que 12 pertenecen a la
Comapa de Reynosa. Todas pertenecen a los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007. Las otras 15 pertenecen a diferentes municipios de los ejercicios 2011, 2012 y 2013,
“Lo que sucede es que antes las cuentas públicas eran trimestrales o semestrales y por eso las de Reynosa suman muchas” detalló.
La Auditoría Superior del Estado no ha emitido el informe de resultados de las cuentas públicas rezagadas porque los responsables de los entes públicos han incumplido con la respuesta al pliego de observaciones.
“Lamentablemente en esos casos no se puede aplicar la rigurosidad de la nueva Ley de Fiscalización, que es muy severa cuando un funcionario público incumple con su obligación” refirió.
Bajo el nuevo ordenamiento normativo en relación con la fiscalización, un funcionario que incumpla o violente la ley podrá recibir una sanción económica que ve de los 24 a 75 mil pesos .
“Esa multa procede cuando el alcalde no entrega a tiempo la cuenta pública o no responde oportunamente las observaciones. Incluso la sanción puede duplicarse si existe reincidencia” mencionó.
En caso de que la Comisión de Vigilancia rechace aprobar la cuenta pública porque el informe de resultados así lo amerita, el Congreso emitirá un decreto para facultar al Auditor Superior a que denuncie los hechos por la vía penal.
