Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Considerada por muchos países e incluso por algunas entidades de México como una arma perfecta para atacar a la delincuencia, en Tamaulipas la Ley de Extinción de Dominio no ha sido usada una sola ocasión.
Expertos en seguridad pública consideran que el punto débil de la delincuencia es el económico por lo que lo aconsejable es atacarla en ese tema.
Sin embargo, desde el 4 de octubre del 2012 en que entró en vigor dicha ley en el estado, no hay registro de un solo caso en que se haya aplicado.
En su primer artículo, la Ley de Extinción de Dominio para Tamaulipas establece que sus disposiciones serán aplicables para los delitos de narcomenudeo, robo de vehículo, secuestro y trata de personas.
La extinción del dominio se define como el medio jurídico , a través del cual se logra la pérdida del derecho de propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito.
En su artículo 7, la Ley de Tamaulipas refiere que , son susceptibles de declaración de extinción de dominio, los bienes siguientes: aquellos que sean instrumento , objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
También aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, o aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y estando en posibilidad de hacerlo, no lo notificó a la autoridad o tampoco realizó una acción para impedirlo.
Las leyes de extinción de dominio federal y locales fueron impulsadas por el anterior presidente, Felipe Calderón (2006-2012), como un mecanismo para afectar las finanzas de los grupos delictivos.
El investigador Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la aplicación de la ley ha dado resultados en el DF para delitos como la trata de personas o la prostitución de menores, en los que las autoridades pueden probar con mayor facilidad que un inmueble es utilizado para delinquir, así como quiénes son sus dueños.
«Las redes (delictivas) han tenido que modificar su forma de actuar. (La ley) ha tenido impacto también en los propietarios, que se han visto obligados a revisar las condiciones en las que alquilaban o cedían sus propiedades para cualquier tipo de negocio
o comercio», dijo.
