Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
JUSTIFICADO el enojo que prevalece entre muchos de los casi 100 Jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado.
Resulta que, desde hace poco más de un año sus percepciones salariales fueron rebasadas con mucho por las de un agente del Ministerio Público.
Esa disparidad de ingresos se dio luego de que, a gestiones del Procurador General de Justicia del Estado, Ismael Quintanilla Acosta, el Gobernador Egidio Torre Cantú, autorizó un histórico incremento salarial para los fiscales.
De esa manera, de percibir sueldos promedio de 12 mil pesos, los representantes sociales que lograron aprobar sus exámenes de evaluación y control de confianza, comenzaron a ganar entre 35 y 40 mil pesos mensuales.
Con esos ingresos , los agentes del Ministerio Público dejaron muy abajo a los Jueces , que andan percibiendo entre 20 y 30 mil pesos mensuales.
Es entendible entonces la irritación de los impartidores de justicia, pero no resulta válido el argumento con que muchos justifican su queja cuando dicen que su tarea es más importante que la de un fiscal.
En realidad, dentro de un proceso penal, tan importante es la función del Ministerio Público como la del Juez. Van de la mano, una de la otra.
Nadie debería extrañarse si de pronto el Poder Judicial del Estado anuncia un buen aumento para sus Jueces.
AL CORREO electrónico de éste espacio, un ciudadano aprovecha el escándalo por la fuga de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán Loera, para preguntar por la construcción inconclusa del nuevo Penal de Ciudad Victoria.
Iniciado en el Gobierno de Eugenio Hernández Flores, al reclusorio se le invirtieron la nada despreciable suma de 300 millones de pesos, que prácticamente fueron tirados a la basura porque el inmueble ahí está, abandonado y deteriorándose.
De la mala planeación de la obra debe de haber responsables, pero que se sepa hasta ahora nadie ha enfrentado esa ineptitud que costo una perdida multimillonaria.
Lo peor es que han transcurrido poco más de cinco años desde entonces y no se ve el mayor interés por reactivar los trabajos para concluir esa cárcel que presuntamente serviría para clausurar el viejo penal de Tamatan, convertido desde hace muchos años en un foco de riesgo para los victorenses.
En todo ello huele mucho a corrupción.
VA DE NUEVO: ¿Dónde quedaron aquellos macrodecomisos de droga a que nos tenían acostumbrados las autoridades federales y militares?
¿Cómo es que en territorio estadounidense a diario se anuncian incautaciones de droga proveniente de México y, sin embargo, de éste lado de la frontera nada saben las autoridades?.
Las respuestas las deben tener las más altas instancias del Gobierno Federal y en particular los Jefes de la PGR, la Sedena y Semar, pero frente a los ojos ciudadanos esa incapacidad de las autoridades siembra muchas sospechas.
Pareciera que el Gobierno federal le sigue apostando a una estrategia errónea de dedicar toda su capacidad a la captura de “capos” y “capitos”, descuidando por completo el verdadero lado débil de la delincuencia que es el económico.
El hecho se vuelve preocupante porque cualquier mortal sabe , por simple sentido común, que mientras la delincuencia organizada siga disponiendo de recursos económicos de poco o nada servirá que le sigan capturando o matando a su gente, sencillamente porque sobra de donde reemplazarlos.
Vale decir que también en esto, algo huele mal.
ASI ANDAN LAS COSAS.
