Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
No es la primera vez que escucho la misma queja ciudadana. Durante los últimos meses ha sido una historia repetida en bocas diferentes: Muchos agentes de la llamada Fuerza Tamaulipas están reviviendo añejas prácticas de corrupción que caracterizaron a aquellas famosas Policías Preventivas Municipales.
Era una especie de extorsión o chantaje: los policías sorprendían al ciudadano incurriendo en una falta al llamado Bando de Policía y Buen Gobierno, y a cambio de no llevarlo a una celda le imponían una multa callejera, que por supuesto iba a dar al bolsillo del agente y no de las arcas municipales.
Precisamente fueron esos vicios los que dieron origen a la enorme desconfianza social en las instituciones de seguridad pública, y al final fue también parte de lo que llevó al Gobierno a implementar un sistema de depuración policial.
Miles y miles de millones de pesos se han invertido
en los últimos diez años precisamente en sanear las corporaciones policiacas a través del llamado modelo de evaluación y control de confianza, y como resultado cientos o miles de agentes fueron lanzados a la calle en ese propósito de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Bajo esa estrategia mucho se ha logrado.
Lastimosamente algo grave parece estar sucediendo porque en la calle comienzan a escucharse las mismas historias que se suponían desaparecidas: los agentes de Fuerza Tamaulipas están reviviendo esa imposición de multas callejeras a cambio de no encarcelar infractores, sobre todo a aquellos que son sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
Desde luego se trata de algo para preocupar. Seguramente debe ser una minoría de agentes a los que les ha ganado la tentación, pero creo que es el momento propicio para que los responsables de la Secretaria de Seguridad Pública actúen en consecuencia.
No hacer nada sería como mandar un mensaje de impunidad a quienes han encontrado una forma fácil de hacer dinero por esa vía de la extorsión ciudadana, y desde luego propiciaría que esa conducta se replicara cada vez por más elementos.
Seguramente habrá quienes se ofendan por acusar sin nombres, montos y fechas. El asunto está en que, quienes son víctimas difícilmente podrían probar una extorsión. Sería su palabra contra la de los policías.
Pero además de ello, denunciar públicamente los hechos no lleva una intención de afectar directamente a nadie. La idea es alertar a los funcionarios responsables del área, para que actúen y eviten echar a la basura todo el esfuerzo gubernamental por depurar las corporaciones.
Con todo el aparato de inteligencia que presume la Secretaría de Seguridad Pública, sería cosa de infantes identificar y sancionar a quienes han caído en la debilidad de la corrupción. Lo único que falta es voluntad.
Quizá habrá quien piense que frente a monstruos como el de la delincuencia organizada , sería absurdo distraerse castigando a policías por extorsionar borrachitos. Pero no hay tal absurdo, porque la corrupción por lo general comienza precisamente con cosas pequeñas.
EL RESTO.
Por naturaleza propia de su función como instancia persecutora de los delitos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es sin duda la dependencia más difícil de dirigir dentro de la administración pública local.
Pese a ello, el Procurador Ismael Quintanilla Acosta ha logrado fortalecer la institución en base a esfuerzos diarios que buscar mejorar el servicio que se presta a la sociedad.
En ese sentido, ésta semana fueron enrocados un numeroso grupo de agentes del Ministerio Público en todo el estado.
“La idea es buscar un mejor funcionamiento de esas áreas que representan la cara de la Procuraduría” explica Quintanilla Acosta.
ASI ANDAN LAS COSAS.
