Por Alejandro Govea Torres.
A pesar de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor reiteró que continuará el proceso de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema educativo durante su comparecencia de ayer en el Senado, se ve muy difícil que logre aplicar la valoración en Oaxaca, Chiapas y Michoacán si no deja de pagar a maestras y maestros faltistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Nunca van a dejar de suspender clases ni tampoco van a dejar de protagonizar marchas y protestas si les siguen pagando puntualmente a pesar de que no dan clases, pero sobre todo si no se les aplica la ley cuando hacen destrozos en edificios públicos o toman las casetas para obtener dinero
con el pretexto de financiar el movimiento en contra de la reforma educativa.
Tal vez, Chuayffet Chemor tenga la mejor disposición de sancionar a las maestras y los maestros faltistas de la CNTE, sin embargo deja de actuar por disposiciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en donde el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, acuerda con los dirigentes disidentes que no se les descuenten ni mucho menos se proceda contra ellas y ellos.
No es la primera vez en que Miranda Nava interviene para que se cumplan los caprichos de los dirigentes de la CNTE, puesto que se les ha retenido el pago en varias ocasiones por no asistir a clases y luego viene la orden de la SEGOB para que cumplan con todas sus exigencias.
El mal ejemplo cunde, como se puede constatar en las protestas que han hecho maestras y maestros en otras entidades federativas en donde el CNTE no tiene ninguna representación, como es el caso de Nuevo León.
A propósito, el coordinador de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fidencio Campos Trejo, se le paso de noche el proceso de evaluación porque amenazó con organizar marchas y protestas en Tampico, Madero y Altamira si la SEP no da a conocer la fecha del examen de evaluación y el listado de los participantes.
Alguien le debe avisar a Campos Trejo que el examen de evaluación ya se efectúo y que los resultados se darán a conocer el próximo 26 de julio, según el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana.
El coordinador de la sección 11 del SNTE se quedó cuando la SEP dio a conocer que el examen de evaluación se iba a suspender en forma temporal el pasado 29 de mayo, sin embargo después de la elección federal del 7 de junio se volvió a implantar para continuar con el proceso de valoración.
De regreso con la comparecencia de Chuayffet Chemor en el Senado, no hay duda de que se va aplicar el proceso de evaluación, pero cuando la CNTE se le dé la gana porque no existe la voluntad política para acabar con sus desmanes que quedan impunes y cunden en otras entidades federativas.
Más ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó como constitucional el proceso de evaluación que pretende realizar la SEP, luego de que el ministro Fernando Franco González Salas señalara que la Ley General del Servicio Profesional Docente no trasgrede los derechos de maestras y maestros.
De esta forma, el pleno de la SCJN desecha los amparos promovidos en forma individual y colectiva de maestras y maestros de la CNTE, por lo que no hay razón para seguir permitiendo sus desmanes tanto en la Ciudad de México como en otras entidades federativas.
Es el momento de aplicar la ley en forma irrestricta en contra de los dirigentes de la CNTE, tal y como lo ha exigido diversas organizaciones sociales que desean una mejor educación para niños y jóvenes, entre las que se encuentra “Mexicanos Primero”, que preside el empresario Claudio X. González Guajardo.
El primer paso que debe de dar tanto la SEP es dejar de pagar a las maestras y los maestros que no asistan a clases en lo que resta del calendario escolar, pero además aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente para destituir a todos aquellos que no se presenten a la evaluación.
La sociedad mexicana en su conjunto coincide en la necesidad de actuar en contra de los dirigentes de la CNTE, sobre todo ahora que ya no hay pretextos para sancionarlos conforme a la ley avalada por la SCJN.
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