Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Hace poco más de tres años, el entonces diputado presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso de Tamaulipas, Rolando González Tejeda, lanzó una alerta
: “Estados Unidos está deportando por nuestra frontera miles de migrantes exconvictos”.
El legislador se veía realmente preocupado. Originario y residente de Matamoros, uno de los municipios fronterizos más grande del estado, sabía de la gravedad del tema.
No era para menos: de una cifra aproximada de 200 mil migrantes deportados en un semestre, ¡175 mil habían estado en prisiones de Estados Unidos, por delitos de homicidio, violación, robo, felonía, narcotráfico, y otros calificados como récord criminal uno y dos!.
González Tejeda traía la información de primera mano porque acababa de asistir a una Conferencia Binacional de legisladores fronterizos, realizada en Sacramento, California. Era marzo del 2012.
“Nos quedamos asustados por lo que nos estaban diciendo. Es delicadísimo el tema, sobre todo porque ni el Gobierno del Estado ni los municipios saben de ello. Es más, ahí mismo el funcionario nos explicó que estaban elaborando un oficio dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública para informarle que estaban deportando, por esas dos ciudades, personas con récord criminal. O sea, ya tienen desde el año pasado haciéndolo y apenas van a avisar” indicó.
Pues bien, hoy a más de tres años de distancia, la denuncia de aquel diputado quedó en eso: en simple denuncia. Nos siguen inundando de delincuentes y no estamos metiendo ni las manos para defendernos.
Ninguna autoridad mexicana, y menos local, ha sido capaz de levantar la voz para evitar que el Gobierno vecino siga inundando el norte de Tamaulipas, con delincuentes en potencia.
Es cierto: al Gobierno mexicano no le queda de otra más que aceptar a todos esos connacionales. Ni modo que los rechace. Pero el problema no es ese. Lo que el legislador advertía y reclamaba es el desorden bajo el cual se dan esas deportaciones masivas y , peor aún, que se den exclusivamente por Tamaulipas.
Eso era lo que González Tejeda exigía: que los Gobiernos federal y estatal levantaran la voz para, primero, gritar que la frontera mexicana no es solo Tamaulipas y que hay otras entidades del país por donde también se pueden hacer deportaciones, y segundo, que se diseñara un mecanismo donde las autoridades mexicanas, en particular las municipales, pudieran tener un control sobre aquellos que son regresados al país.
Pero no. Nadie hizo caso y la situación sigue ahí, registrándose, en silencio y a escondidas, inundando a Tamaulipas de delincuentes en potencia, que, bajo las condiciones de inseguridad pública que padecemos desde el 2010, es como echarle leña a la hoguera.
Ojalá y que los responsables de atender este rubro entiendan que seguir cruzados de brazos es como jugar del lado de la delincuencia,
en cuyo combate se han invertido, según cifras oficiales, alrededor de 4,500 millones de pesos en la actual administración estatal.
¿Por qué? Porque mientras por un lado se hacen esfuerzos enormes para sacar de las calles a cientos o miles de delincuentes que tienen sumido al estado en un “baño de sangre”, por otro no movemos un solo dedo para evitar que Estados Unidos nos inunde con miles de exconvictos.
Para preocupar a cualquiera ¿no cree usted?.
ASI ANDAN LAS COSAS.
