Por José de Jesús Velázquez.
La bancada del Partido Acción Nacional, (PAN), propuso modificar el procedimiento legislativo para abrir la posibilidad de evaluar la eficacia que tienen en la sociedad las leyes que son aprobadas por el Congreso del Estado.
A través de una iniciativa de decreto, por medio de la cual proponen incluir en la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos, un apartado “G” denominado “De la Etapa Poslegislativa”, los diputados panistas destacan la importancia de darle seguimiento a las acciones legislativas aprobadas por el Pleno.
A través de la etapa pos-legislativa, refieren, se podrá evaluar la norma aprobada por el órgano legislativo cuando ya ha entrado en vigor, para verificar su nivel de cumplimiento, eficiencia jurídica, impacto social, posibilidades de evolución y rediseño normativo.
“En la legislación local no existe una instancia que realice actividades de evaluación de reformas legislativas como función habitual o reglamentaria, por lo que consideramos que somos los propios legisladores quienes debemos asumir esa tarea con la finalidad de actualizar, mejorar o corregir los ordenamientos jurídicos vigentes, como parte de nuestra función legislativa” mencionan.
Otros estados, como Tlaxcala, ya contemplan en la reglamentación de su Poder Legislativo, la obligación de evaluar la eficacia y consecuencias sociales, económicas y políticas en la aplicación del desarrollo de determinada legislación.
“Es por ello que la presente iniciativa debe consolidarse
en nuestra entidad, con la finalidad de contar con una herramienta de gran valor para el quehacer legislativo de éste Congreso, pues partiendo de la evaluación y análisis de las normas jurídicas emitidas se podrán realizar cambios legislativos que se verán reflejados a favor de los ciudadanos, los Gobiernos y en general de nuestro Estado” indican en la iniciativa que fue turnada a Comisiones para su análisis y dictamen.
De acuerdo con la propuesta panista, el diagnóstico de las normas jurídicas estatales comprenderán: análisis del impacto sobre la instancia administrativa o judicial encargada de su ejecución; Recopilación de las opiniones de las autoridades administrativas o judiciales encargadas de su aplicación, mediante entrevistas o criterios de sus resoluciones al aplicar la Ley, y consulta de la opinión de los particulares y destinatarios de la norma.
Una vez obtenido el resultado del diagnóstico, se iniciará el proceso de rediseño y modificación de la legislación.
