Por Jorge Fernández Menéndez.
El país ha cambiado mucho más rápido que la percepción social del propio cambio. Muchas de las cosas que hoy no son siquiera consideradas para la primera plana de un periódico, hace unos años eran lisa y llanamente impensables; lo que hoy vemos con normalidad hace dos, tres sexenios, era motivo de escándalo político o social.
Comencemos con lo político. El domingo 7 de junio fue una jornada electoral más, para algunos gris, y donde no faltaron los que intentaron boicotear los comicios, desde la violencia o desde la no participación o la anulación del voto, tan necios y ciegos unos como otros. Fallaron: la votación fue la más alta en unas elecciones intermedias en muchos años, pero eso no fue lo más importante: el domingo 7 de junio hubo verdadera alternancia en el país.
Sí, es verdad: el PRI con sus aliados, del Verde y de Nueva Alianza, conservó e incluso ampliaó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero ese día, 102 de los 300 distritos electorales cambiaron de manos partidarias, un tercio del país decidió cambiar de partido a la hora de elegir a sus diputados. No sólo eso, cinco de las nuevas gubernaturas en disputa terminaron en manos de fuerzas opositoras locales (y podrían haber sido seis, si no fuera por una diferencia de 500 votos en Colima).
Son datos que muestran una salud democrática envidiable de la sociedad, que no termina de ser comprendida por el sistema de partidos. La gente vota y cambia a los gobernantes. Y el sistema, con todas las carencias que exhiben cotidianamente nuestros partidos y algunas instituciones, funciona, y lo mismo el oficialismo puede mantener la mayoría en San Lázaro que perder las tres principales ciudades del país. ¿Alguien recuerda lo que fue este país en 1989, cuando, por primera vez, se reconoció el triunfo de la oposición (el panista Ernesto Ruffo) en Baja California? ¿Lo que significó en el 2000 que el PRI fuera “sacado de Los Pinos”? Pues, hoy el país, en sus distintos niveles, es gobernado por miembros de por lo menos siete partidos políticos diferentes, por personajes más o menos independientes, y el PRI se fue y regresó a Los Pinos. Y no pasó nada. Eso es tan normal como que los mercados, enloquecidos hace dos décadas, no se alteraran ahora por un simple proceso electoral.
¿Recuerda usted aquella máxima de Fidel Velázquez hablando de los precandidatos presidenciales, aquello de que “el que se mueve no sale en la foto”? Pues bien, hoy quien no se mueva con tiempo, armando equipos, buscando recursos y dando su nombre a conocer, no sólo no aparecerá en la foto, difícilmente aparecerá en la boleta electoral. Ejemplos hay muchos:Vicente Fox anunció que buscaría la Presidencia un día después de las elecciones intermedias de 1997; Andrés Manuel López Obrador, ya estaba en campaña desde el 2003 (en realidad desde que asumió en diciembre del 2000 el gobierno capitalino). En septiembre del 2003, Felipe Calderóndecidió, también, que buscaría la candidatura en el 2006. Todos sabíamos, porque estaba trabajando claramente para ello, desde mucho tiempo antes de que se proclamara su candidatura, que Peña Nieto sería el candidato del PRI en el 2012. Siempre hemos sabido que López Obrador estará en la boleta del 2018; ya Margarita Zavala y Miguel Mancera han dicho que quieren ser candidatos; no lo ha dicho, pero es obvio que Rafael Moreno Valle está trabajando seriamente para ello. En el PRI tiene que haber señales para que sus precandidatos, de una u otra forma, comiencen a aparecer con otros perfiles. Y no olvidemos que desde fuera de los partidos, también, se pueden construir opciones.
Pero creo que nada demuestra mejor el cambio que vive la sociedad que una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no ha merecido siquiera grandes titulares. El pleno de la Corte dictaminó que “el fin del matrimonio no es la procreación sino la protección de la familia como realidad social”. Con ello decidió que el matrimonio entre personas de un mismo sexo es absolutamente legal y constitucional, y que cualquier persona a la que le sea negado el derecho a casarse, incluyendo con una pareja de su mismo sexo, puede solicitar la protección legal porque esa negativa estaría violando la Constitución. Ello obliga, en el mejor sentido del término, a la mayoría de los estados de la República a modificar su estatus legal para permitir los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Y obligará a modificar muchas otras normas para que se amplíen a esas parejas derechos sociales y legales similares a los de cualquier otro matrimonio. Las implicaciones de la afortunada decisión de la Suprema Corte son casi inabarcables. Es una muy buena noticia, y una manifestación de la transformación que el país, que la sociedad vive, más allá, incluso, de la conciencia del cambio mismo.
