Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Después de la “chamaqueada” que el Gobierno Federal, vía Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, les dio a los miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), todo está listo para que del 20 al 22 de junio se realice en el país la llamada evaluación docente.
Millones de maestros deberán someterse a una batería de exámenes con el propósito de establecer el nivel de preparación que cada uno de ellos tiene. Desde luego que es sano el diagnóstico que se pretende, porque ello permitirá disponer de una base para determinar hacia donde se deben enfocar los esfuerzos de capacitación a los docentes.
Definirá, además, en qué aspectos debe rediseñarse el programa de estudios de las escuelas Normales, para que quienes egresen de ellas lo hagan mejor preparados, con mayores habilidades.
Qué bueno que así sea. La evaluación es necesaria en cualquier ámbito laboral, no solamente en el magisterial.
Sin embargo, somos de la idea de que de poco o nada servirá esa evaluación si el Gobierno no realiza esfuerzos paralelos para erradicar prácticas viciadas de entregar plazas a los que mejor “padrino” tienen y no a los más capaces.
Dirán seguramente que los espacios laborales en el área de educación se otorgan ahora en base a un examen de oposición, en el que participan todos aquellos que se sienten con méritos o derechos para obtener una plaza.
Y es cierto. Efectivamente, cada año la Secretaría de Educación federal y sus pares estatales realizan ese llamado concurso de oposición para repartir las plazas que autorizan el Gobierno federal y los estados.
El problema está en que, como buenos mexicanos, siempre encontramos una rendija para hacer “chanchuy”, o lo que es lo mismo para evadir las disposiciones normativas, de manera que los espacios en disputa terminan en manos , no de los más capaces, sino de aquellos que tienen atrás el respaldo de alguien influyente.
El mejor testimonio de ello lo deben tener los miles de jóvenes que cada año participan en ese concurso.
Frente a esa situación, de muy poco servirá estar evaluando y capacitando a los maestros en activo si por otro lado falla el filtro para que quienes ingresen al servicio sean los más inteligentes o mejor preparados.
Si no se corrige esa “coladera” que son los concursos de oposición, los esfuerzos por mejorar la calidad de educación en el país serán inútiles.
El problema está en que quienes fomentan esas prácticas viciadas de corromper los concursos son , lamentablemente, los principales obligados a cuidar que eso no ocurra.
Le hablo, desde luego de los dirigentes sindicales y un buen número de funcionarios incrustados en las áreas gubernamentales de educación. Ambos conforman una mafia que se resiste a dejar el multimillonario negocio que durante décadas ha significado el tráfico de plazas.
Un tráfico que, por cierto, no se limita a los concursos de oposición porque también son negocio, negociazo diría, el reparto de las miles de plazas que cada año quedan libres porque sus titulares se jubilan o mueren.
Con todo ello, podemos deducir que la evaluación docente es importantísima, si, pero lo es aún más atacar la enorme corrupción que , parafraseando al exgobernador Manuel Cavazos Lerma, como víbora de mil cabezas, devora todo a su paso.
¿Estamos?.
ASI ANDAN LAS COSAS.
