Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La reciente reforma federal Constitucional que obliga a la creación de un sistema de justicia acusatorio y oral para los adolescentes, representará una gran carga económica para los gobiernos estatales porque los obligara a crear una enorme infraestructura que incluye la formación de peritos, policías, Ministerios Públicos y jueces especializados en la materia, informó Pedro Lara Mendiola.
El Magistrado especializado en justicia para adolescentes del Poder Judicial del estado, dijo que , sin embargo, los estados no tienen otra alternativa porque la reforma al artículo 18 y 73 fracción 21 apartado “c”, nace de una obligación que impone la Convención para los Derechos del Niño.
Señaló que los Poderes Judiciales deberán trabajar muy fuerte en la construcción de los inmuebles y en la preparación del personal necesario, pero no tienen otra alternativa.
Se trata de algo complicado, detalló, porque los Gobiernos estatales también tienen la urgencia económica que les implica la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral para los adultos, que deberá estar implementado en todo el país el 18 de junio del 2016.
“La reforma al artículo 18 Constitucional obliga a reconocerle a los adolescentes un debido proceso que consiste en que ellos tendrán derecho a un sistema acusatorio y oral como los adultos” indicó.
Para ello será creada una Ley General de Justicia para Adolescentes donde se dictaminarán todos los derechos que corresponden a los adolescentes, la cual habrán de aplicar las entidades federativas.
Lara Mendiola consideró que la reforma representa un gran avance para la justicia de los adolescentes porque habrá uniformidad en todo el país en cuanto a la forma de impartirles justicia.
“Una vez que entre en vigor la reforma dará la garantía de un juicio oral muy parecido al que se aplica para los adultos en materia penal, aunque con una diferencia en cuanto a la publicidad porque para los adolescentes ésta será una excepción en tanto que para los adultos es una regla” mencionó.
Y añadió: “solo si el menor lo solicita el juicio podrá ser público”.
