CIUDAD DE MÉXICO, 31 de mayo.- Desde hace ocho meses, el estado de Guerrero da la apariencia de ser una enorme hoguera: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa radicalizó a tal grado a distintos grupos sociales, que al mismo tiempo que protestan y destruyen bienes públicos y privados, machacan y machacan que en esa entidad no haya elecciones el próximo 7 de junio.
Las lenguas de aquella lumbre se han inflamado por la inconformidad social, la violencia política y la permanente acción de la delincuencia organizada, que al amparo de policías de los municipios de Iguala y Cocula, desaparecieron y pulverizaron a los normalistas, sembrando terror, principalmente en los municipios de Chilapa, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia, según informes del gobierno estatal.
La diputada federal Ruth Zavaleta dijo que en su estado natal “hay un problema coyuntural que no ayuda para tener un proceso electoral, si lo queremos decir, en paz. Pareciera como que todo de repente es caos o violencia en algunas zonas.
Se ha conocido de gente levantada, gente secuestrada, pero también pareciera que esto más bien trata de convertirse en un impacto mediático, con la idea de causar temor, precisamente para anticiparse a lo que ya se han estado manifestando algunos grupos radicales de que no quieren la elección”.
A partir de que arrancó la campaña electoral en Guerrero, donde se elegirá al gobernador, 46 diputaciones locales, 18 de ellas plurinominales, y los 81 ayuntamientos, la violencia producto de la delincuencia organizada no ha parado, no obstante la nutrida presencia de los cuerpos de seguridad tanto locales como federales, que no han dejado de localizar y desmontar decenas de campos de amapola, que sirve para la elaboración de la heroína, y que es el corazón de la disputa de grupos delincuenciales antagónicos, combustible inagotable de la hoguera que parece ser Guerrero.
En las últimas semanas, en Guerrero dos aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados. Se trata de la perredista Aidé Nava González, precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo. La política fue decapitada. El 10 de abril pasado fue encontrado su cuerpo en el camino que conduce a Oxtotitlán, y junto éste había un mensaje, al parecer de la delincuencia organizada.
El otro político asesinado fue Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa. Según las investigaciones, el priista fue ultimado de 13 balazos en la comunidad de Atzacoaloya, perteneciente al municipio de Chilapa.
La violencia no para
A mediados de la semana que terminó se había reportado la desaparición de varias personas relacionadas con hechos violentos aparentemente entre Los Ardillos y Los Rojos, registrados entre el 12 y el 15 de mayo, a cargo de grupos civiles armados. El miércoles había conocimiento de 15 personas desaparecidas o secuestradas, según informó el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz. Aunque después se modificó la cifra a diez.
A esos dos hechos hay que sumar los secuestros exprés de los candidatos perredistas a diputación federal y presidencia municipal, Silvia Romero Suárez, levantada el pasado 11 de mayo, y Juan Mendoza, quien el 5 mayo se contradijo al dar versiones diferentes de lo que su familia reportó como un secuestro.
En la recta final para la celebración de las elecciones intermedias, concurrentes con las de Guerrero, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en voz de su titular, el obispo Alejo Zavala condenó el clima de violencia que vive Guerrero.
A menos de un mes de llevarse a cabo las elecciones en Guerrero, se han presentado situaciones de violencia que son realmente lamentables y preocupantes que, además, contribuyen de manera negativa a promover un clima de intranquilidad y zozobra entre la población”, dijo el prelado Zavala y calificó de “cobardes” los secuestros y el asesinato de candidatos y miembros de los partidos políticos.
El purpurado también condenó los disturbios desplegados en distintos lugares, donde grupos de inconformes –quienes exigen la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos– han manifestado que no permitirán que se realicen las elecciones el 7 de junio.
En el contexto de la violencia desatada en Guerrero, el 25 de abril, Luis Walton, candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura, fue objeto de amenazas. El político y su equipo de campaña fueron interceptados en una carretera y encañonados por hombres armados.
El 9 de mayo, integrantes del equipo de seguridad de Beatriz Mojica, candidata del PRD-PT a la gubernatura, fueron interceptados en la región de La Montaña por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
La gente del MPG, integrado por maestros, estudiantes y miembros de organizaciones sociales –que es una de las agrupaciones que pide la aparición con vida de los normalista y se pronuncia porque no haya elecciones–, entregaron a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero las armas que le decomisaron a los integrantes de seguridad de Mojica, una pistola .9 milímetros y un rifle AR-15.
Entre la noche del martes pasado y el miércoles, durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado en la localidad de Tecomazuchil, municipio de General Heliodoro Castillo, en la sierra de Guerrero, hubo cinco muertes y un número indeterminado de heridos, según informes de la autoridad estatal.
El voto contra el vacío de poder
La diputada Zavaleta, quien ha desarrollado desde hace años trabajo social y político en Guerrero, considera que no obstante las circunstancias de violencia que se han desencadenado desde hace meses, la elección debe efectuarse.
Creo que la elección se tiene que dar, porque precisamente está presente el vacío de poder que existe en este momento por un gobernador interino (Rogelio Ortega) que no ha logrado tener el control del estado, que no ha logrado la gobernabilidad que se espera.
Sería peor si no existen elecciones, si no se establece un gobierno formal, legal, que cause gobernabilidad, que cause acuerdo entre todas las fuerza políticas, pero también que cause confianza y seguridad entre todos los ciudadanos tanto en los municipios, tanto en el caso de los diputados locales y los federales que se van a elegir en el próximo proceso”, afirmó.
Según los datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de la desaparición de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre del año pasado, el promedio de homicidios dolosos se mantuvo. En octubre de 2014 hubo 118, 126 en noviembre y 120 en diciembre.
Pero a partir de enero de este año se observa un repunte en homicidios dolosos, según se puede apreciar en el documentoCifras de homicidios dolosos, secuestro extorsión y robo de vehículo 1997-2015. En enero hubo 138, para marzo 140 y en marzo 155, hasta donde tiene registrado el documento.
El 29 de abril, ocho personas resultaron muertas, entre ellos dos policías estatales, luego de que se enfrentaron en la región de la Costa Chica de Guerrero civiles armados y fuerzas estatales.
Los hechos ocurrieron cuando los policías fueron al rescate de dos personas reportadas como secuestradas en el municipio de Ometepec. A la altura del crucero San Juan de los Llanos, municipio de Igualapa, los policías marcaron el alto a un vehículo donde iban seis personas, que dispararon a los policías.
Ahí quedaron los ocho muertos y tres personas más resultaron heridas.
El viernes 23 de mayo, un auto de la comitiva de Jorge Camacho, candidato del PAN a la gubernatura, fue atacado después de seguir su marcha rumbo a Acapulco. El vehículo fue balaceado y dos personas del equipo de Camacho bajaron frente a los atacantes, quienes les quitaron sus teléfonos celulares.
HISTÓRICAMENTE POBRE
En el ensayo del historiador y profesor titular del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa, Carlos Illades, publicado en la revista Nexos, Guerrero, desde su conformación, en 1849, ha sido pobre, incomunicado, bastante desigual socialmente, caciquil y con una estabilidad política precaria.
También, rico en recursos naturales y biodiversidad, multicultural, bronco y con una fuerte tradición de organización popular. De los tres millones 338 mil 778 habitantes registrados en el Censo Nacional de Población de 2010, casi 15% son indígenas, distribuidos en las regiones de La Montaña y Costa Chica. Guerrero aporta al PIB nacional apenas 1.5%, comparte con Oaxaca y Chiapas los más bajos índices de desarrollo social del país; pero, a diferencia de ellos, su posición estratégica en el trasiego de drogas, además de ser uno de los principales productores mundiales de goma de amapola, lo ha colocado en una situación cualitativamente peor que aquellas entidades, particularmente en cuanto a violencia criminal se refiere”, se lee en el texto de historiador Illades.
El centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, de Edna Jaime, presentó hace unos días un documento con ciertos indicadores de Guerrero.
El análisis de la organización señala que “la entidad muestra peor desempeño que el promedio nacional en todos los indicadores que México Evalúa seleccionó en materia de seguridad, justicia, educación, gasto público, rendición de cuentas y corrupción, salvo en los ámbitos de la deuda estatal y de la confianza en la policía estatal.
En este contexto, el próximo gobernador tendrá la ardua encomienda de restablecer la estabilidad y encaminar el estado hacia una mejora estructural e institucional que permita a los guerrerenses vivir mejor”, indica.
Además de Walton y Camacho, los otros aspirantes a la gubernatura son el priista Héctor Astudillo Flores, quien es diputado local con licencia. Ya fue aspirante a gobernador y ha sido senador, además de haber sido en dos trienios distintos presidente municipal de Chilpancingo.
Beatriz Mojica es la representante del PRD. Ha sido secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) de Guerrero, consejera nacional y fundadora del PRD. Ya fue diputada federal. En su partido ha ocupado cargos en el ámbito nacional, forma parte del grupo de Nueva Mayoría, afín a Nueva Izquierda, a quienes también se les conoce como Los Chuchos, los actuales poseedores de la franquicia política.
Los candidatos a gobernador de todos los partidos están haciendo campaña y están valientemente enfrentando, bajo una circunstancia que se están dando desde septiembre del año pasado y, espero que las cosas salgan bien, que haya elecciones en paz”, señaló Ruth Zavaleta.
Habría crisis, afirma el INE
En varias oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) se han hecho distintos análisis sobre la situación que priva en Guerrero; han cambiado según la cercanía de las elecciones intermedias.
El análisis que más permea es que de no celebrarse las elecciones en Gurrero, como lo han estado propalando la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), se presentaría una situación de excepcionalmente grave, ya que no habría presidentes municipales, diputados, ni gobernador y, con ello, no habría quién presentara un presupuesto ni quien lo aprobara, lo que implicaría que tendría que declararse una situación de emergencia, que llegaría incluso a la limitación de las garantías individuales en el estado, creando más caos.
La diputada Zavaleta planteó que es indispensable que se garantice que en todos lados se instalen urnas, pero si en el supuesto caso de que en 20% del territorio guerrerense no haya elecciones, se complicarían las cosas porque tendría que haber un acuerdo para ver quién gobernaría.
Pero es lo mismo que estamos viendo en este momento, donde hay un acuerdo a partir del cual pusieron a una persona que no les cause conflicto, pero que no está logrando el control y la gobernabilidad que se requiere.”
Daños millonarios
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha contabilizado que las afectaciones económicas en Guerrero, a partir de la destrucción de oficinas públicas y bienes privados por parte de organizaciones sociales, principalmente de la CETEG, podría ser superior a los 600 millones de pesos.
La contabilidad que hace el sector patronal del país incluye los incendios en edificios del gobierno estatal, como el Palacio de Gobierno y sedes de partidos políticos; saqueo y quema de camiones repartidores de distintas empresas privadas, bloqueo de carreteras y el aprovechamiento del dinero
del peaje de casetas de cobro en distintas carreteras.
Zavaleta, legisladora por el Verde Ecologista, desestimó que atrás de los grupos sociales que se han radicalizado y que no quieren elecciones el próximo 7 de junio estén los grupos armados de corte guerrillero que históricamente han tenido presencia ahí.
“Tengo contacto con bastantes personas que son promotores de distintos candidatos y ése no es el tema; no ha habido amenaza de los grupos armados que existen en Guerrero; de hecho, no se han manifestado esos grupos armados en términos de lo electoral”, asegura.
“A quienes hemos visto manifestándose es a los supuestos radicales, maestros, y digo supuestos porque radical no significa que vayan y quemen instituciones, sino que transformen la sociedad y la realidad en la que vivimos. Más que grupos guerrilleros, es el crimen organizado el que está infundiendo terror, levantando gente y pidiendo rescate”, dijo Zavaleta.
La diputada guerrerensese se manifesta porque el Ejército “estuviera al pendiente en algunas zonas para que se logre una elección en paz; en otros momentos y otras partes del país el Ejército ha hecho eso, y no estaría por demás que todas las fuerzas de seguridad que están participando, sabiendo de las amenazas de esos supuestos grupos armados, pudieran participar para tener un proceso digno, ejemplar y sobre todo en paz”.
DAN AVANCES SOBRE DESAPARICIONES
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, informó que avanzan las investigaciones sobre 16 personas presuntamente desaparecidas en Chilapa.
Expuso que tanto la Policía Federal como la PGR dieron cuenta a los familiares del adelanto de la indagatoria durante una reunión sostenida ayer.
Campa señaló que “se está haciendo una búsqueda con vida, porque no hay, hasta este momento, salvo en un caso, que no es de esta última etapa, sino de los meses anteriores, la evidencia de que hayan muerto. Se les está buscando con vida”.
Aclaró que hasta el momento “no hay tampoco ningún elemento que nos permita decirles que se mantienen con vida”.
Expresó que la Policía Federal está garantizando las condiciones de tranquilidad en la región y de lo que se trata es de que todos comprendan que solamente respetando la ley se garantiza la convivencia.
