Luego de la reciente reforma a la Ley del Transporte, el Gobierno del Estado y los municipios deben impulsar un programa de deschatarrización, que saque de circulación todas aquellas unidades que, por sus condiciones, representan un riesgo para los usuarios, informó el diputado del PAN, Francisco Elizondo Salazar.
En su calidad de presidente de la Comisión del Transporte del Congreso del Estado, el legislador dijo que el programa debe incluir el apoyo fiscal para los concesionarios, de manera que puedan adquirir unidades nuevas o seminuevas que cumplan con las exigencias de la ley.
Aunque no pudo precisar una cifra de unidades del transporte público que pueden ser consideradas chatarra, Elizondo Salazar señaló que es una cifra que debe tener en su poder la Subsecretaria del Transporte.
“No debemos desconocer que son muchas las unidades que operan en la ilegalidad, por lo que sería irresponsable de mi parte mencionar un número. Lo que sí resulta claro es la necesidad de impulsar un programa de chatarrización para renovar el parque vehicular” mencionó.
El también coordinador de la bancada del PAN, dijo que la ley es muy severa y seguramente inhabilitara a muchos concesionarios por no cumplir con los requisitos establecidos en ella para seguir operando, por lo cual es justo que se les apoye con recursos crediticios.
“Además del apoyo financiero se podrían gestionar convenios con las compañías armadoras para que den facilidades en la compra de las unidades. Es una buena alternativa” indicó.
La reforma a la Ley del Transporte, aprobada en la sesión plenaria del seis de mayo pasado, impone limitaciones severas a quienes prestan el servicio.
Por ejemplo, no podrá ser incorporada una unidad con antigüedad mayor a cinco años, además de que las concesiones deberán renovarse cada quinquenio.
Todos los vehículos deberán contar con geolocalizadores, conocidos como GPS, y en el caso de los taxis tendrán que ser acondicionados con taxímetros.
Con la reforma a la ley se busca modernizar el servicio del transporte público en el estado.
El diputado Elizondo consideró que seis meses serán suficientes para que la población comience a ver resultados en la mejora del servicio.
