Por Jorge Fernández Menéndez.
El asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM en Chilapa, Guerrero, debe entenderse como un paso más en los intentos de impedir las elecciones en ese estado. Más allá de las sospechas priistas de que la muerte de su aspirante fue provocada por su oponente perredista en el municipio, lo cierto es que se da en una región donde, otra vez, el cártel de Los Rojos se enfrenta con violencia contra Los Ardillos, otro grupo con influencia en La Montaña Baja y en Morelia.
Son los mismos Rojos que tienen presencia en la Normal de Ayotzinapa o los que controlan Chilpancingo, los que operan con grupos de la CETEG y tienen buena relación con otros grupos armados. A pesar de los durísimos golpes que han recibido, una de las paradojas de los hechos de Iguala es que la persecución que han tenido sus rivales de Guerreros Unidos, responsables del secuestro y muerte de los normalistas de Ayotzinapa (porque consideraban que esos jóvenes estaban infiltrados y operando para Los Rojos), les ha abierto espacios que están aprovechando en el ámbito local. También se asegura que es el grupo criminal con mayor cercanía con distintas áreas del gobierno de Rogelio Ortega.
El hecho es que, a un mes de las elecciones, Guerrero y, en menor medida Oaxaca (donde luego de que se ha estado destruyendo publicidad de los partidos por miembros de la Sección 22 como parte de la campaña para bloquear las elecciones, ahora se asesinó a un joven que colocaba propaganda de Morena) siguen siendo los dos únicos lugares donde existe un verdadero desafío para evitar que la gente salga y pueda votar.
En las dos entidades la lógica es muy similar y la estrategia se da por grupos afines, pero existen dos diferencias sustanciales: en el caso de Oaxaca, a pesar de la fortaleza evidente de la Sección 22, no parece existir demasiada convicción para impedir los comicios, entre otras razones porque hay muchos dirigentes de la 22 involucrados, de una u otra forma, en el proceso electoral. Algunos como candidatos, otros como operadores, otros más jugando indirectamente sus cartas. Hay relación con grupos armados locales, pero no parece que éstos estén apostando claramente a boicotear el proceso. Y no hay, intrincados con éstos, en apariencia, grupos del crimen organizado. A eso se debe sumar que, se esté o no de acuerdo con su gestión, existe un gobierno estatal, el de Gabino Cué, con muchísima más presencia y capacidad de control que el de Rogelio Ortega en Guerrero.
El problema de este estado se escenifica perfectamente con el crimen del candidato priista en Chilapa. No se sabe quién atentó contra Ulises Fabián Quiroz (un joven que no había recibido amenazas y que no tenía ninguna relación “extraña” en su haber) por la sencilla razón de que pudieron ser todos y que su muerte puede haber operado como una provocación. Decimos que pueden ser todos, porque en la zona están los narcos, las guerrillas, los caciques, la CETEG y sus aliados, todos operan infiltrándose mutuamente. Por eso el suplente del aspirante asesinado tampoco quiere aceptar la candidatura y, por eso mismo, en su caso tampoco se hará justicia. Puede ser que algún día se detenga a los autores materiales, lo que nunca se sabrá es quién estuvo detrás y quién ordenó esa muerte, una más de las cerca de 40 que ha habido en ese municipio en los últimos meses.
Ayer hablaba Federico Reyes Heroles de la necesidad de dar una “perspectiva intravenosa” al análisis de las cosas en el país, para no perderse en la maraña de información negativa que es parte del entorno pesimista que vivimos. Tiene toda la razón, lo mismo debe aplicarse al terreno electoral. Guerrero y Oaxaca destacan tanto porque en el resto del país la actividad electoral, nos gusten o no las campañas, la nueva ley electoral o el insensato bombardeo de pésimos spots, se desarrolla con normalidad. A un mes de los comicios, incluso, los números de los partidos parecen haberse estabilizado y todo indica que el margen para sorpresas es mucho menor, aunque habrá, obviamente, varias posiciones disputadas hasta la última hora. Y es bueno, positivo, que los resultados sean medianamente previsibles. El país necesita, requiere, mayores márgenes de estabilidad. Chilapa debe ser, cada vez más, una excepción y así debe ser entendida.
Y por eso mismo, los focos rojos como Guerrero en casi todos los ámbitos o lo que ocurrió en los últimos días en Jalisco en el terreno de la seguridad, deben ser tomados, analizados como verdaderos tumores sociales y, como cualquier tumor, extirpados quirúrgicamente, para evitar su propagación.
