Por Jorge Fernández Menéndez.
Era el 23 de noviembre del 2004 y tres policías federales eran retenidos por un grupo de pobladores de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac del DF. Fueron amarrados, golpeados, y dos de ellos, quemados vivos. La entonces delegada Fátima Mena, lo mismo que algunas patrullas de la policía local, llegaron al lugar cuando los tres policías aún estaban con vida, también llegaron cámaras de televisión, pero ninguna autoridad local hizo nada para evitar que fueran quemados: la delegada y sus policías simplemente se fueron, el entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, nunca dio la orden de que los rescataran. El agente Édgar Moreno salvó la vida cuando más tarde pudieron llegar al lugar fuerzas federales. Los otros dos agentes murieron incinerados.
Los tres agentes de la Policía Federal eran de la unidad de inteligencia antiterrorista. Estaban en Tláhuac investigando una casa del EPR y se toparon también con una banda de narcomenudistas que operaban en la misma calle que los integrantes del grupo armado. Nunca se pudo confirmar la versión, pero se dijo que esa noche del 23 de noviembre, en esa casa operativa, habría una reunión de un organismo de dirección del grupo armado.
Los agentes antiterroristas ya habían sido detectados. Desde días atrás, se había comenzado a difundir entre la población que estaban rondando la zona tres hombres con un carro blanco y que se dedicaban al robo de niños. Otros decían que habían pedido 500 mil pesos a un comerciante para que no secuestraran a su hijo.
Todo era falso, pero importaba poco. Cuando se acercaron esa noche del 23 de noviembre a la casa que estaban investigando, un grupo de jóvenes los increpó y los acusó de haber robado una niña. Pronto llegó una turba que comenzó a golpearlos y a exigirles que regresaran a la niña. A pesar de que se identificaron como lo que eran, agentes de la Unidad de Inteligencia Antiterrorista, terminaron dos de ellos muertos y Moreno gravemente herido.
Lo que está ocurriendo en estos días en zonas del Distrito Federal y del Estado de México me recuerda, inevitablemente, lo sucedido hace más de diez años en Tláhuac. Ahora, grupos políticos, están azuzando a la gente y provocando bloqueos, actos de violencia, ataques a policías y autoridades, denunciando el robo masivo de niños. El tema comenzó en Coyoacán, con grupos azuzados por el equipo de la candidata a delegada de Morena (y excontralora del GDF) Bertha Luján. El primer sorprendido fue el Gobierno del DF y la procuraduría local, porque sencillamente no había una sola denuncia reciente de robo de niños en la zona. Se le pidió a quienes bloqueaban calles y hacían manifestaciones, que aunque no hubiera denuncia dieran por lo menos los nombres de los niños secuestrados: no pudieron proporcionar ninguno.
Pero, repentinamente, comenzó a ocurrir lo mismo en algunos municipios del área conurbada, sobre todo en Ecatepec, donde un bloqueo a una carretera federal que duró horas, terminó, incluso, con enfrentamientos entre policías y manifestantes. Ahí también se reclamaba por el robo masivo de infantes. Hablé con el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, y me aseguró que, como había ocurrido en Coyoacán, no había una sola denuncia reciente de robo de niños en esa zona, que se había reunido con representantes vecinales y que éstos tampoco le pudieron reportar un solo caso de algún niño robado recientemente. Manzur, incluso, les dejó un celular para que indagaran entre su gente e hicieran, directamente a ese número, su denuncia. Hasta ayer no se había presentado ninguna.
No son casos aislados, en por lo menos otros nueve lugares se han presentado hechos similares, movilizando a los vecinos para hacer bloqueos o protestar contra las autoridades. No son malas casualidades, se trata de una estrategia en la que participan grupos políticos con intereses concretos: ningún caso fue tan transparente en ese sentido como Coyoacán, pero se trata de una acción concertada, como aquella que en Tláhuac acabó con la vida, de la forma más brutal, de dos policías federales.
El robo de niños es uno de los delitos más deleznables que pueden existir. Debe ser perseguido y castigado. Existen mecanismos para hacerlo, uno de los más eficientes es la Alerta Amber, que se dispara cuando existe una denuncia y ello pone en alerta a autoridades e incluso a medios de comunicación. En ocasiones la búsqueda tiene éxito, en otras no, pero es casi imposible que en las áreas urbanas sea robado un niño sin que su familia presente una denuncia.
El robo de niños es detestable, pero manipular y azuzar con ese fantasma a la población, debería ser tan castigado como el propio robo. Se está engañando y sembrando miedo entre la gente, con intencionalidad política, precisamente con lo que cada familia más protege: sus niños.
