Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
México tendrá en breve un sistema nacional anticorrupción. Solo falta que la reforma Constitucional en la materia sea avalada por al menos 17 legislaturas estatales, lo cual se prevé ocurra en los próximos días. Tamaulipas lo hará el miércoles de enfrente.
Qué bueno que así sea. Más allá de que haya quienes acusen de que la reforma busca “lavarle la cara al PRI” en tiempos electorales, la realidad es de que se trata de una medida que es bienvenida.
La nueva Ley Anticorrupción tiene un propósito de fondo: hacer más sólidos los candados para evitar el pillaje por parte de los servidores públicos, quienes durante décadas se han despachado con la cuchara grande amparados en el cargo.
Un aspecto verdaderamente novedoso es que la ley también alcanza y prevé sanciones para los particulares que participen en actos de corrupción.
Pretende el nuevo ordenamiento , por una parte, cerrar cualquier hueco por donde se pueda saquear el erario público, y por otra fortalecer el proceso de fiscalización del gasto público.
Esa ha sido durante décadas una demanda social. La ciudadanía siempre ha exigido mayor transparencia y efectividad en el destino de los recursos públicos, porque ese llamado proceso de revisión de cuentas públicas ha estado cobijado por la sombra de la duda. Somos muchos los que opinamos que esa revisión no es otra cosa que una simulación.
No puede ser de otra forma cuando, por ejemplo, en un estado como el nuestro, donde cada fin de año los Gobiernos ejercen más de 30 mil millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado nos salga con la inocentada de que no se detectó ningún desvío.
¿Habrá alguien que crea eso? Desde luego que no. Por eso hay la idea generalizada de que el proceso de fiscalización no pasa de ser un circo.
Esa desconfianza se acrecenta cuando la sociedad ve cómo al término de una administración , sobre todo en los municipios, y le hablo de grandes, medianos y pequeños, surge una nueva camada de ricos.
Por todo ello, le insisto, que bueno que surge este sistema anticorrupción. Es lo menos que podría hacer el Gobierno federal frente a tanta desconfianza ciudadana.
Hay, sin embargo, un “pero”. Bueno, dos “peros”.
Uno: que todavía falta que esa nueva Ley Anticorrupción realmente se concrete en la práctica. Ya hemos insistido aquí que una cosa es lo que se establezca en el texto de una ley, que puede ser una lindeza normativa, y otra muy distinta es llevarla a la práctica.
Dicho de otra forma, podremos tener una excelente ley, pero de poco o nada servirá si no surte los efectos que le dieron origen.
El otro “pero” del que le hablo es que la corrupción constituye un mal cultural. Se trata de un padecimiento que hemos venido arrastrando desde hace décadas, alentado en mucho desde las mismas instancias del Gobierno.
En ese sentido, para combatirla o frenarla se requiere mucho más que una ley. Es necesario implementar simultáneamente un programa de educación en el tema, dirigido a niños y jóvenes, en espera de poder construir, a la vuelta de cinco o diez años, una sociedad más honesta.
Intentar acabar con la corrupción a base de una ley es un sueño guajiro. Para arrancar las raíces de ese mal es necesario trabajar con las nuevas generaciones de ciudadanos. Ojala y los Gobiernos lo entiendan así.
Solo le anoto un dato más: de acuerdo con el Indice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el puesto 103 de 175 países.
Entre los países que integran la OCDE—que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo, México continua siendo el que tiene la puntuación más baja.
De ese tamaño nuestro problema.
ASI ANDAN LAS COSAS.
