Por Yuriria Sierra.
Sabemos que no todos los culpables están presos y ni todos los presos son culpables. Muchas personas que hoy están en una prisión, o aquellos que gozan de total libertad, se encuentran en tal circunstancia porque la ley o el entendimiento que se hace de ésta, así lo sustenta. ¿Y quiénes son los responsables? Los jueces, que se encargan de definir situaciones legales con base en los elementos que tienen en sus manos. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de poner en orden el archivo de cada caso y quienes, se supone, deben evitar huecos que permitan errores. Muchas veces hemos visto que a culpables confesos se les ha permitido salir de prisión y salvarse de pagar sus culpas.
El caso de Alondra, la joven que fue “levantada” de su escuela, es otro de esos tristes sucesos en donde la decisión de un juez —en este caso jueza— tendrá un costo para el Poder Judicial. Entendemos que, tanto en la PGR como en la cancillería, estaban completamente consternados y en desacuerdo con la orden girada. Ayer explicábamos lo sucedido. Alondra fue “requerida” ante autoridades de Texas porque una mujer la reclamó como su hija. A sus padres no se les permitió mostrar ningún documento que demostrara que ellos eran los padres biológicos de la menor. Ni acta de nacimiento, ni constancia de alumbramiento. No se les dio oportunidad de realizarse aquí, en nuestro país, una prueba de ADN para comprobar su parentesco con Alondra.
La historia que, decíamos, ni el rey Salomón habría podido resolver, comenzó como un drama ilógico. ¿Cómo es que una menor de edad fue enviada a otro país sólo porque alguien la reclamaba como de su sangre sin ofrecer pruebas? ¿Sin un procedimiento legal de por medio? ¿Sin pruebas fehacientes sobre el parentesco y el ADN? ¿Y cómo, aun si tales hubieran existido, si la niña había crecido en otro hogar? ¿Cómo?
El agente de la Interpol que sustrajo a Alondra de su escuela cumplía una orden. La SRE acató la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y puso a trabajar a la Dirección de Derecho a la Familia. Con esto se aseguró que Alondra fuera tratada con el mayor de los cuidados a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, que dirige Reyna Torres, quien se encargó de notificar a los padres el resultado de la prueba de ADN que allá sí, en Estados Unidos, se le realizó a Alondra. La SRE no fue la responsable de girar la orden que permitiera la salida, al igual que el agente de la Interpol, sólo acató la instrucción.
Entonces, ¿quién dio la orden? Cinthia Mercado García, jueza de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Los Reyes, Michoacán. ¿Cuáles fueron sus fundamentos legales? ¿Por qué decidió que la menor tendría que ir a EU? ¿Por qué ordenó la presentación de Alondra ante una persona que dijo ser su madre, sin ninguna prueba, sin ninguna notificación, sin ningún juicio?
Ya se emitió una solicitud para que sea la CNDH la que investigue cómo se resolvió esa orden de presentación. Ahora es, justamente, a la jueza a quien le tocaría dar explicaciones, porque, así como narraba al inicio, son ellos quienes tienen la responsabilidad de que los procesos se realicen tal como deben ser. Lamentablemente, a veces, son ellos quienes permiten esas jugadas extrañas que caminan muy lejos de lo que entendemos como justicia. Y es que una decisión tan incomprensible, como la que tomó con respecto a Alondra, llevó a la menor y a su familia, al límite de lo concebible. Qué bien que todo resultó un error y la familia está de nuevo en su casa. Pero, ¿y la explicación?
