Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Dos de las tres décadas que he dedicado al periodismo las ejercí en la coloquialmente conocida como “nota roja”. Ahí “nací” como reportero, en cumplimiento a un sueño anhelado desde la niñez, cuando la pregunta que nos hacemos o nos hacen otros es: “¿Qué vas a ser cuando seas grande?”.
Por esos 20 años cubriendo delegaciones de policía, agencias del Ministerio Público, Juzgados y otras instancias donde se procura e imparte justicia, conozco muchos de los vicios en el manejo periodístico que se le da a la información policiaca.
Vicios que muchas de las veces terminan lastimando la dignidad o el prestigio de personas inocentes, que por diversas razones se vieron implicados en un hecho delictivo.
Uno de esos vicios más recurrentes era y es presentar como culpables de un delito a personas que al final de un proceso terminan absueltos.
¿Cómo borrar o eliminar el daño que se le hizo a esa misma persona, cuando en los periódicos fue publicada su foto con una nota y una cabeza que rezaba , por ejemplo, “Violador a la cárcel? Imposible hacer algo. El daño es irreparable.
Les hacíamos y les hacen una especie de juicio sumario público.
Algunas veces esos afectados acudían o acuden a la redacción de los periódicos para buscar una aclaración que limpie su nombre. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, porque resulta que muchas ocasiones son más los que leyeron la aclaración que quienes habían leído la nota aclarada.
Le cuento de todo ello porque, bajo el nuevo sistema de justicia penal que deberá estar vigente en todo el país a partir del 18 de junio del 2016, y que en Tamaulipas ya opera en Victoria, Padilla, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso, las reglas para quienes ejercemos el periodismo serán más rígidas y exigentes.
Bajo las nuevas disposiciones Constitucionales y legales, los periodistas no podremos ni siquiera publicar los nombres de los involucrados en un juicio. A menos que ellos lo autoricen abiertamente.
¿La razón? Que en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, toda persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario.
Bajo ese principio de presunción de inocencia, nadie podrá ser exhibido en los medios de comunicación como responsable de un delito hasta que no haya una sentencia ejecutoriada, y quienes lo hagan podrán enfrentar consecuencias severas que incluyen un proceso penal.
Si una persona implicada en un proceso penal se siente lastimada porque algún periódico o noticiero de televisión, de radio o de la red, difundió sus datos generales sin autorización, podrá denunciar penalmente a los responsables.
Bajo esa situación, resulta obvio que los periodistas, y en particular los de nota roja, tendrán que darse prisa en conocer las disposiciones legales que aplican para la profesión.
Deben conocer a detalle cuáles son sus derechos y obligaciones en la cobertura de juicios penales bajo el nuevo sistema acusatorio, para que, por error o desconocimiento, no vayan a verse implicados en un delito al exhibir como culpables a inocentes.
De hecho, el Estado mismo debería estar trabajando ya en la capacitación de los periodistas, a través de algún curso que los oriente y capacite en las reglas que guiarán su actividad en el sistema de justicia acusatorio. Debemos recordar que la ignorancia no es causa que exima de responsabilidad a nadie.
Esperemos que esa capacitación se de pronto, porque de lo contrario también la autoridad será responsable de las pifias o aberraciones que se cometan en los medios de comunicación.
ASI ANDAN LAS COSAS.
