Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Gobierno federal intenta tapar el sol con un dedo. Niega lo innegable. Se rasga las vestiduras tal cual niño chiquito. Todo ello, para rechazar el informe del Relator especial de la ONU, Juan Méndez, en el sentido de que la tortura en México es generalizada.
¿Hay razón para ese pataleo del Gobierno de Enrique Peña Nieto? Desde luego que no. Y no la hay porque, simple y sencillamente, la tortura sigue siendo, como dice Méndez, una práctica cotidiana y recurrente de todas las instituciones del orden.
Aquí en Tamaulipas, la Comisión estatal de Derechos Humanos tiene abiertas decenas de investigaciones por tortura. Los afectados son ciudadanos inocentes, que fueron torturados por policías que los creyeron miembros de la delincuencia organizada.
La tortura es pues, como le decía, “instrumento” vigente de trabajo de las corporaciones policiales y las fuerzas armadas. Tal vez su uso ya no es el mismo de hace 20 ó 30 años, pero sigue siendo utilizada en la investigación de los delitos.
Negarlo es capricho, chiflazon, cerrazón, o como usted le quiera llamar.
¿Y sabe porque sigue habiendo tortura? Porque se trata de un delito difícil de comprobar. Es la palabra de la víctima contra la de sus agresores. Lo primero que le van a preguntar a un denunciante es: ¿tienes testigos?. Desde luego que no los tendrá.
La prueba de ello está en que sobrarían los dedos de una mano para enumerar los policías o militares enjuiciados (ya ni siquiera sentenciados) por tortura. Me atrevería a asegurar que, al menos en Tamaulipas, no hay nadie en la cárcel por torturar.
Ahí está el problema: en que como hay impunidad, los policías y los miembros de las fuerzas armadas siguen torturando.
Pero hay algo peor: muchas de las víctimas de los policías torturadores son ciudadanos inocentes. Es decir, se trata de personas que tuvieron la desgracia de caer en manos de elementos del orden que, por simple sospecha, los sometieron a tormento para ver si por casualidad les sacaban algo. Así de grave y criminal el asunto.
Frente a esa situación, lo que el Gobierno federal debería hacer sería comenzar por reconocer el problema. Aceptar que la tortura es una realidad en el desempeño de las instituciones policiales para luego proceder a diseñar un programa que la combata.
Primero habría que buscar cambiar esa mentalidad, muy arraigada en los policías, de que un delincuente no confiesa si no es con unas buenas cachetadas o un “tehuacanazo”. Para ello habría que someter a intensos cursos de capacitación al personal policial para enseñarlo a resolver los delitos con técnicas científicas y no a catorrazos.
Porque por eso tortura, porque es la única forma en que puede arrancarle la confesión a alguien que delinquió.
Y segundo: habría que comenzar a abrir procesos penales contra quienes incurran en tortura. Con ello se estaría enviando un mensaje a todos aquellos que durante años han venido incurriendo en esa práctica.
Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno federal y no andarse desgarrando las vestiduras porque la ONU nos exhibe en el ámbito mundial como un país torturador.
ASI ANDAN LAS COSAS.
