Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Desde hace muchos años, el transporte público en Tamaulipas ha sido de pena y a la vez de mucho riesgo para los usuarios, tanto por las condiciones mecánicas de las unidades como por la irresponsabilidad con que se desempeñan los conductores, bajo la completa tolerancia de las autoridades gubernamentales.
Es de pena o risa loca porque los concesionarios no respetan los contenidos mínimos de la Ley del Transporte Público. Por ejemplo, es una escena cotidiana ver como los microbuses circulan a su máxima capacidad tal cual latas de sardinas, incluso con usuarios en las puertas de acceso, ante la mirada apática y cómplice de oficiales de Tránsito.
También es hecho cotidiano el ver microbuses “tirados” en cualquier calle a causa de fallas mecánicas.
De los conductores podríamos elaborar una larga y abundante lista de violaciones legales en las que incurren, pero agotaríamos éste espacio y ese no es el fin. Basta decir que sigue siendo práctica recurrente de los microbuseros desestresarse mediante el consumo de bebidas alcohólicas en su horario laboral y que para ellos el reglamento de Tránsito es letra muerta: no respetan los límites de velocidad y la luz roja de los semáforos siempre la ven verde.
Todo ello que le narro y de lo que seguramente usted ha sido testigo obligado , debería haber movido, desde hace muchos años a las autoridades, primero a aplicar las disposiciones normativas de la materia, y segundo a impulsar adecuaciones legislativas que les den los fundamentos necesarios para garantizarnos a los tamaulipecos un transporte, tal vez no de lujo, pero si por lo menos seguro.
Pues bien, le cuento que éste domingo reciente el Pleno del Congreso del Estado recibió una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte Público del Estado.
Es una reforma que busca poner orden en todo ese desorden en que está inmerso el transporte público de Tamaulipas.
Por ejemplo, y con la evidente idea de que los transportistas no recurran nuevamente a pretextos económicos, el Gobierno ampliara a dos años el tiempo de vida de las unidades en circulación.
Actualmente, un microbús solo puede prestar el servicio de transporte si tiene menos de ocho años de antigüedad, y los taxis, dependiendo de si son libres o de ruta, tienen 4 y 6 años. Con la reforma, la “vida” de los primeros aumentara a 10 años, de los segundos a seis y de los terceros a ocho.
En su beneficio también, los concesionarios podrán optar por entregar una garantía económica a la autoridad para cubrir las consecuencias de cualquier eventual accidente en el que participen los vehículos. Con ello podrán optar por la garantía o por la compra de una póliza de seguro.
Para aquellos conductores que acostumbran embriagarse o drogarse mientras conducen, la consecuencia será enérgica: se les retirara el tarjetón de identidad y no podrán seguir laborando por constituir éste un requisito indispensable.
Se impondrá la obligación de dotar de localizadores GPS a las unidades del transporte público. En el caso de los taxis deberán contar además con taxímetros.
El Gobierno regulara también la colocación de publicidad en las unidades del transporte. El concesionario deberá obtener un permiso oficial y estará obligado a ceder el 15 por ciento del espacio a la difusión de programas gubernamentales.
Estas y otras medidas son las que habrán de incorporarse en breve tiempo a la Ley del Transporte. Ojalá que ésta vez la autoridad las materialice, porque si no será como seguir bordando en el vacío.
No debemos de olvidar que un gran número de leyes están llenas de buenas intenciones. Pero, solo de eso.
Por lo pronto, en su artículo cuarto transitorio, la reforma en curso, fija un plazo de tres años a los concesionarios, para que una vez entradas en vigor las disposiciones, cumplan con la sustitución de aquellos vehículos que rebasan el término de “vida” establecido para poder prestar el servicio.
Buen punto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
