Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
LAS AUTORIDADES estatales y municipales se siguen quejando del fracaso del llamado operativo antialcohol que busca sancionar a aquellos conductores que acostumbran convertir sus vehículos en cantinas ambulantes.
Queja que no tiene razón de ser, porque son precisamente las autoridades las principales responsables de que los accidentes trágicos causados por conductores alcoholizados sigan siendo una constante.
La explicación es muy sencilla: los llamados operativos antialcohol solo han servido para propósitos recaudatorios, tanto para las arcas públicas como para muchos de los oficiales, quienes negocian en lo bajito las multas con los conductores ebrios.
De hecho, las estadísticas del sector Salud son abrumadoras en ese sentido, al colocar los accidentes automovilísticos como principal causa de muerte.
Dicho en otras palabras, el día que realmente la autoridad quiera meter orden en este tema, no tendrá más que sancionar sin distingos y con dureza a los automovilistas ebrios.
A cualquiera le duelen castigos reiterados de tres mil pesos al bolsillo. Y si ello no fuera suficiente la ley contempla arrestos hasta por 36 horas y la suspensión de la licencia de conducir.
Esperemos que pronto se decidan a aplicar la norma, porque resulta triste enterarse cada día de la muerte de inocentes a manos de irresponsables.
AHORA QUE la Auditoría Superior de la Federación anda en verdad decidida a escarbarle al manejo presupuestario en el rubro de la educación, no estaría nada mal que le metiera lupa a la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que tutela Rafael Méndez Salas.
Resulta que es de verdadero escándalo el manejo que la organización sindical le ha dado durante años a las plazas educativas sin que ninguna autoridad se dé por enterada.
Por ejemplo, desde el Sindicato se ha dado cabida como maestros, asesores, prefectos y hasta conserjes, a futbolistas profesionales en retiro con el único propósito de que jueguen con el equipo del SNTE.
Desde luego que resulta lamentable que situaciones así se estén dando cuando hay una fila muy grande de jóvenes egresados de las escuelas Normales, que anhelan una plaza.
Lo peor de todo es de que muchos de esos beneficiarios del despilfarro alentado desde el SNTE, lo son personas que no reúnen ni minimamente el perfil requerido para un docente.
Desde luego que en el asunto también tienen culpa funcionarios del área educativa, ya sea por acción u omisión.
LA COMISION Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), comienza a enfrentar denuncias a montones en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, (Profeco) luego de esa decisión arbitraria y abusiva de triplicar el cobro a los usuarios que carecen de medidor.
Pareciera que el organismo municipal sabe que en todas las denuncias llevará las de perder, pero su apuesta va encaminada evidentemente a que solo sea un mínimo de afectados los que acudan ante la Profeco.
Como ya se detalló aquí, a partir del presente mes la Comapa victorense decidió duplicar el consumo mínimo que cobraba a cada usuario sin medidor.
De esa forma, en vez de 10 metros cúbicos al mes ahora les está cobrando 20 metros cúbicos, lo que implica para el usuario que el costo del agua se les haya triplicado.
Habrá que ver cómo resuelven las quejas los muchachos de Felipe Garza Narváez, el titular de la Profeco.
ASI ANDAN LAS COSAS.
