Por José de Jesús Velázquez.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, para fincar sanciones a los funcionarios públicos que permitan la creación de asentamientos humanos irregulares o indebidos legalmente.
La iniciativa que es analizada en Comisiones, señala que el tres de febrero del 2006, el Congreso local reformó el Código Penal de Tamaulipas para sancionar aquellas conductas que atentaran contra el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, incorporando la figura denominada Delitos Cometidos por Fraccionadores.
Sin embargo, dicha reforma estuvo enfocada solamente a los particulares, fraccionadores y desarrolladores habitacionales, considerando de manera muy exigua a los servidores públicos.
“Aunado a lo anterior, es de señalarse que en la actualidad sigue vigente la problemática de asentamientos humanos irregulares o indebidos legalmente, con relación a los cuales son responsables en gran medida las autoridades públicas, ya que las instituciones que regulan el suelo y el desarrollo urbano suelen ser omisas, vulnerables y se corrompen fácilmente sin que existan en nuestra legislación sanciones administrativas que permitan fincarles una responsabilidad por no cumplir debidamente con su función y contribuir con esta problemática social” señalan los legisladores.
Por esa razón, los diputados panistas buscan incluir en la ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas, mecanismos que limiten los excesos por parte de los servidores públicos que intervienen en los procesos relativos al desarrollo urbano en nuestra entidad federativa, imponiéndoles sanciones de carácter administrativo contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a quienes contravengan el marco normativo en el ejercicio de su función pública.
“Es de todos conocido que existen actos contrarios a la ley cometidos por servidores públicos, los cuáles sabemos se dan muy a menudo y que ponen en riesgo a la colectividad por la manera arbitraria en la que se expiden documentos, permisos o licencias que permiten realizar construcciones en territorio que no es apto para ello, por diferentes motivos, por lo que al incluir estas acciones que vulneren el cuerpo normativo que nos ocupa, se estaría buscando obligar a cada uno de los actores públicos de la sociedad tamaulipeca, a cumplir su papel con estricto apego al marco jurídico establecido” refieren.
De aprobarse la reforma, el artículo 99 Bis señalaría que como violaciones cometidas por los servidores públicos, las siguientes:
Autorizar o dar curso a documentos, contratos, convenios, acuerdos o cualquier otro acto jurídico que contravengan lo dispuesto en esta ley, reglamentos, programas, decretos o resoluciones administrativas relativas al desarrollo urbano en el Estado; proporcionar los informes o documentos a que se refiere la fracción anterior, con datos alterados o falsificados; cooperar con los infractores o facilitarles en cualquier forma la violación a las disposiciones de la presente ley, y demás disposiciones reglamentarias.
También faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan, revelar los datos confidenciales o aprovecharse de ellos; exigir a los particulares, bajo el título de colaboración u otra semejante, cualquier prestación pecuniaria o de otra índole no prevista en esta ley y demás disposiciones relativas; y coadyuvar con particulares en la constitución de asentamientos humanos irregulares en predios que no reúnan las condiciones exigidas por la Ley.
El artículo 99 Ter establecerá por su parte que: a los servidores públicos que incurran en las violaciones descritas en el artículo anterior, se les sancionará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil en que hubieren incurrido.
