Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
EL PODER Judicial del Estado sufrirá a mitad de año una restructuración obligada, que incluirá el cambio de mando en la presidencia.
Y decimos que obligada porque la salida de tres Magistrados y dos Consejeros, es inevitable tomando en cuenta de que se les venció el
Plazo máximo en el que pueden ejercer el cargo.
Así por ejemplo, Arturo Baltazar Calderón, tendrá que dejar la cuarta sala penal; Laura Luna Tristan, desocupara la tercera sala Civil y Familiar, mientras que Armando Villanueva Mendoza cederá su espacio en la presidencia del máximo tribunal de justicia local.
En el caso de los dos primeros la fecha fatal para su salida es el ocho de julio, mientras que Villanueva lo hará un mes antes.
Los dos Consejeros terminan su periodo en diciembre próximo.
Vistas así las cosas, en un descuido y el Poder Judicial se ve obligado a recurrir a los anuncios clasificados para buscar Magistrados y Consejeros.
YA MAS EN SERIO, la gran pregunta hacia dentro del Poder Judicial sigue siendo la de quien será el próximo presidente.
Los bonos siguen favoreciendo a Hernán de la Garza Tamez, pero hay quienes insisten en sumar como posible a Raúl Morales Cadena, apenas la semana pasada ratificado por seis años más al frente de la Sexta Sala Penal.
Del resto de los Magistrados no parece haber alguno que reúna el perfil requerido o de plano su pasado luce muy vulnerable.
Seguramente la incógnita se despejara en cualquier momento.
EN OTRO CANAL, el Congreso del Estado iniciará éste miércoles el ciclo de conferencias para difundir la reforma Político-Electoral.
Tocará al prestigiado académico e investigador de la UNAM, Miguel Carbonell, abrir el ciclo mañana miércoles en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT.
Carbonell es uno de los más respetados constitucionalistas del país y su opinión sobre la citada reforma siempre será un referente para cualquier estudioso del tema.
SIGUE SIENDO preocupante que sea la Policía Estatal Acreditable la que acapara el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Resulta una incongruencia que siendo la Policía la más obligada a respetar los derechos y libertades de los tamaulipecos, sea la que más los viola.
Por lo menos eso indican las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codeht).
El hecho luce preocupante pero lo es aún más porque se trata de algo que viene sucediendo desde el año pasado y cada vez crece más, lo cual es indicativo de que a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública no parece interesarles mucho emprender
acciones de solución.
Algo tendrá que hacerse al respecto porque tolerarlo sería como aceptar que se procure justicia con la injusticia como instrumento.
ASI ANDAN LAS COSAS.
