Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Estamos a casi un año y cinco meses de que venza el plazo (18 de junio del 2016), para que esté operando en todo el país el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Como sabemos, se trata de un nuevo modelo de impartición de justicia a través de juicios orales y públicos, en los que se privilegiará la presunción de inocencia del acusado hasta que se le demuestre lo contrario.
Frente al acortamiento del tiempo, las entidades federativas, incluida la nuestra, han volcado todo su interés en la formación de los operadores jurídicos y en la construcción de la infraestructura que requerirá el sistema.
Se han invertido millones y millones de pesos en preparar a los Ministerios Públicos, peritos, policías, jueces, y todo aquel personal que requerirá la migración a una nueva forma de procurar e impartir justicia penal.
También ha sido inmensa la inversión para la construcción de las salas de oralidad y todos los espacios que se necesitarán para la migración de la justicia.
Pero hay un detalle grandote: todo mundo habla de profesionalizar a los operadores jurídicos, de lo bonito que van a quedar los nuevos edificios sedes del sistema de justicia acusatorio, pero pocos o nadie se acuerda del último eslabón de la cadena procesal, y en mi opinión, el más importante: los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).
Es cierto que bajo la filosofía del sistema penal acusatorio serán muy pocos los delincuentes que terminen en una prisión, porque para ello buscará privilegiarse la llamada justicia alternativa o la aplicación de una serie de procedimientos, que darán la oportunidad al delincuente de no pisar una prisión a cambio de ciertas condiciones establecidas en la ley.
Pero pese a ello, si realmente se quiere que el sistema de justicia funcione y acabe con esa desconfianza o descredito social que prácticamente “mató” al modelo vigente, es necesario que el Gobierno voltee hacia la situación por la que atraviesan las prisiones.
Las prisiones, y hablo las de todo el país no solo las de Tamaulipas, son algo así como un mundo aparte. Literalmente son el infierno puro, no nada más por el deterioro de sus inmuebles sino también por las condiciones imperantes en su interior.
Eso impide que se cumpla con ese propósito fundamental que se persigue al enviar a prisión a alguien que cometió un delito, y que es el de reintegrarlo socialmente.
Luego entonces, si el Gobierno no engancha a la cadena del nuevo sistema de justicia ese eslabón representado por los llamados CEDES, seguramente estaremos cavando un pozo para tapar otro.
Esperemos que esa apatía hacia el sistema penitenciario sea solamente por estrategia y no por desinterés. Sería lamentable que quieran echar a andar el nuevo modelo de enjuiciamiento sin tener cárceles funcionables y confiables.
ASI ANDAN LAS COSAS.
