Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) que trabajan con procesos de alto impacto, reciben seguridad personal a través de guardias de protección y vehículos blindados, informó Gonzalo Higinio Carrillo de León.
El Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del Décimo Noveno Circuito del PJF, dijo que por normatividad se decidió crear un sistema de seguridad personal para garantizar la seguridad de los juzgadores.
“Por normatividad los Jueces y Magistrados que trabajan con procesos federales de alto impacto, vinculados con la delincuencia organizada, están protegidos. Tienen para su uso vehículos blindados y se les asignan guardias personales. En Victoria solo hay un Juez que recibe ese beneficio, pero en Matamoros y Nuevo Laredo hay otros” señaló.
En ese mismo sentido, Carrillo de León señaló que la carga de trabajo de los Juzgados federales se ha incrementado significativamente, pero también ha aumentado la complejidad de los asuntos por la captura de personajes vinculados al crimen organizado.
Negó que el poco número de sentencias que se dan en casos de secuestro sea un indicativo de impunidad, porque lo que en realidad está sucediendo es que bajo la nueva normatividad en materia de derechos humanos y en atención al nuevo modelo de sistema penal acusatorio, se ofrece al inculpado mayor oportunidad de defenderse.
Eso no significa, dijo, que se esté dando impunidad porque al final la sentencia condenatoria se termina dictando.
“Es mejor darle al acusado tiempo para que se defienda en vez de darle celeridad al proceso, pero al final del día nadie queda impune. El problema de los secuestros es relativamente nuevo y hay procesos que duran hasta ocho años porque las partes piden tiempo para defenderse” indicó.
Y añadió: “Una vez que se agota el proceso se dicta una sentencia y por regla general es condenatoria. Difícilmente hay sentencias absolutorias aunque se puede dar el caso porque la regla es de que haya una condena cuando realmente se logra demostrar la responsabilidad del acusado”.
El juzgador de segunda instancia aclaró además que una cosa es la impunidad cuando no se persigue o castiga a nadie, y otra cosa es que se prolonguen los procesos para que las partes sostengan sus posturas, lo cual no significa de ningún modo ausencia de castigo.
“Siento que los mexicanos tenemos un mal concepto de las cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, para imponer una condena de muerte transcurren hasta 20 años pero al final se aplica” indicó.
