Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los victorenses estamos indignados y perturbados por el fallecimiento de Mariel, alumna del primer año de escuela Secundaria General número uno “Adolfo Ruiz Cortínez”, quien murió el lunes, horas después de haber sido arrollada por un imprudente conductor de un microbús.
Quizás para muchos insensibles, el accidente no pasara de ser uno más de la trágica estadística anual de muertes por percances viales de los que ocurren por cientos en Tamaulipas.
Sin embargo, habemos una mayoría , entre la cual espero también figure usted, que no estamos dispuestos a actuar con esa frialdad de aumentarle simplemente un número más a la cifra trágica.
Basta imaginarnos el terrible dolor que invade en estos momentos a los padres de Mariel, para levantar la voz y exigirle a las autoridades que cumplan con esa obligación que les asiste de meter al orden el transporte público.
No es posible seguir tolerando a choferes que acostumbran a usar sus unidades como cantinas ambulantes, o que recurren a sustancias ilícitas para aguantar las jornadas laborales a que son sometidos, para que luego terminan segando vidas inocentes.
Es irresponsable, por cualquier lado que se le vea, esa apatía que se percibe desde las instancias oficiales, para endurecer los controles sobre los prestatarios del servicio.
Porque ese ha sido el problema: que instancias como las corporaciones de Tránsito o la dirección del Transporte, se la han pasado en la comodina posición de figurar como simples espectadores de un problema que cada vez se agrava más.
Tampoco es admisible que la autoridad continúe permitiendo que el servicio de transporte público se siga prestando con unidades desvencijadas, vetustas, que en ningún país medianamente desarrollado serian toleradas.
Precisamente la semana pasada, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Humberto René Salinas Treviño, se pronunciaba en favor de buscar la negociación en vez de aplicar sanciones con dureza para obligar a los concesionarios a cumplir con la ley.
“De nada sirve comenzar a sacar microbuses de circulación o aplicar multas que nos podrían llevar a quedarnos sin el servicio. Nosotros preferimos seguirle apostando a la negociación, a la conciliación, para convencerlos (a los concesionarios) de que cumplan con la ley” dijo el funcionario de cuya área depende precisamente el transporte público.
En otras palabras, lo que Treviño Salinas propone es hablarles quedito a los concesionarios para “invitarlos”, casi de favor, a que cumplan con la ley.
Esa ha sido la causa por la que la llamada modernización del transporte ha quedado en meros buenos propósitos. Los concesionarios siguen haciendo lo que quieren porque simplemente no han visto dureza desde el lado de la autoridad.
Por eso la insistencia, desde éste espacio, para que de una vez por todas se hagan valer las disposiciones que en materia de transporte público están establecidas en la ley del ramo.
Seguir dándole impunidad a los transportistas es tanto como abrir la posibilidad de que, mañana o pasado, ocurran más percances viales que cobren vidas inocentes.
ASI ANDAN LAS COSAS.
