Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Poder Judicial de Tamaulipas ordenó el cierre definitivo de los seis Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes que operaban en los distritos judiciales del estado, y dispuso que toda la materia penal de adolescentes se concentre en un solo tribunal estatal, con sede en Ciudad Victoria.
La medida entrará en vigor el 24 de noviembre, conforme al Acuerdo General 12/2025 publicado por el Órgano de Administración Judicial.
El acuerdo establece que la centralización responde al nuevo marco constitucional aprobado la semana pasada por el Congreso del Estado, el cual faculta al Órgano de Administración Judicial para crear, reorganizar o extinguir tribunales en función de las necesidades operativas del sistema.
Bajo ese mandato, se determinó que los juzgados regionales dejaron de ser funcionales debido a la baja carga de trabajo, la dispersión de recursos y la necesidad de fortalecer la eficiencia institucional.
Con la creación del Juzgado Estatal del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, desaparecen los órganos ubicados en Ciudad Victoria, Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y El Mante.
Todos los expedientes —tanto de la justicia tradicional para adolescentes como del sistema acusatorio especializado— deberán ser turnados a la nueva sede para su continuación, sin suspender plazos ni términos procesales.
El nuevo tribunal operará de manera unitaria y tendrá facultades para actuar como Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y órgano de ejecución, según lo previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Además, podrá celebrar audiencias mediante videoconferencia a través de plataformas como Zoom o AnyDesk, con validez plena conforme a criterios de la Suprema Corte y a los lineamientos del Acuerdo General 6/2022.
El acuerdo indica que la concentración de funciones permitirá optimizar recursos materiales y humanos, liberar infraestructura para otras materias con alta demanda —como civil, familiar o penal de adultos— y garantizar una impartición de justicia “pronta, expedita y especializada”. La reestructuración incluye la baja y destrucción de los sellos oficiales de los juzgados que se extinguen, así como el traslado y resguardo de archivos, expedientes concluidos, libros de registro y objetos del delito.
Para asegurar una transición ordenada, las personas titulares de los juzgados deberán resolver antes del cierre los asuntos urgentes o susceptibles de prescripción, y remitir al Tribunal de Alzada los recursos que estén pendientes de trámite. Todo el mobiliario, equipo informático, llaves e inventarios serán concentrados por la Dirección de Administración.
El personal jurisdiccional conservará sus derechos laborales, y su reubicación será determinada posteriormente por el Órgano de Administración Judicial. La Dirección de Informática, por su parte, deberá realizar el respaldo integral de todos los sistemas y expedientes digitales, a fin de garantizar la continuidad procesal y preservar la información judicial sin riesgo de pérdida.
Con la entrada en vigor del acuerdo, toda la justicia penal para adolescentes funcionará desde un solo punto, bajo un modelo estatal que combina centralización operativa, uso intensivo de tecnología y reorganización del aparato judicial para mejorar su rendimiento y reducir tiempos de resolución.
