Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado aprobó reformas para garantizar que las víctimas indirectas de feminicidio y homicidio puedan recuperar de manera digna y oportuna los cuerpos de sus familiares, y para sancionar como abuso de autoridad el retraso o la negativa injustificada en su entrega.
El funcionario que incurra en esa conducta será procesado por el delito de abuso de autoridad.
El decreto adiciona disposiciones a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y al Código Penal, con el fin de fortalecer el debido proceso, la no revictimización y la seguridad jurídica de las familias.
En la Ley Orgánica de la Fiscalía se incorpora la obligación de emitir protocolos específicos de actuación para los delitos de feminicidio y homicidio en todas sus modalidades, que deberán incluir criterios claros para la atención de víctimas indirectas, la coordinación institucional y el procedimiento de entrega de los cuerpos.
Estos protocolos deberán definir qué áreas de la Fiscalía son responsables de su aplicación, los pasos de investigación ministerial, policial y pericial, la cadena de custodia, las líneas de investigación y los mecanismos de supervisión y evaluación de su cumplimiento.
De manera particular, el nuevo texto ordena que el protocolo establezca la forma en que se acreditará la calidad de víctima indirecta, las medidas de atención física y psicológica, las acciones de protección y el procedimiento para entregar el cuerpo de la víctima directa sin poner en riesgo el esclarecimiento de los hechos.
En el Código Penal, se reforma el artículo 212 para incorporar como hipótesis del delito de abuso de autoridad el retardo o la negativa, sin causa justificada, en la entrega de un cadáver a las víctimas indirectas del
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delito de feminicidio, lo que permitirá sancionar penalmente a los servidores públicos que incurran en este tipo de conductas.
El dictamen subraya que la excesiva burocracia y las demoras injustificadas en la devolución de los cuerpos constituyen una forma de revictimización para las familias, que sólo buscan despedir con dignidad a sus seres queridos y acceder a una justicia imparcial con perspectiva de género.
La Diputación Permanente destacó que las reformas armonizan la legislación estatal con la Ley General de Víctimas, los criterios de la Suprema Corte y los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos de las mujeres y sus familiares.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tendrá plazos definidos para emitir los nuevos protocolos de actuación y deberá remitir sus proyectos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que podrá formular recomendaciones técnicas antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Con estas modificaciones, el Congreso de Tamaulipas busca cerrar espacios a la impunidad institucional, garantizar un trato digno a las víctimas indirectas y dejar claro que la negativa injustificada a entregar un cuerpo también será motivo de responsabilidad penal para las autoridades.
