Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Morena y sus aliados lanzaron una ofensiva constitucional para impedir que los órganos autónomos sigan invirtiendo dinero público en la bolsa, una práctica que —aseguran— ha puesto en riesgo recursos destinados a servicios esenciales.
La iniciativa, presentada fue turnada a comisiones y plantea una reforma que modifica la Constitución local y ajusta diversas leyes estatales para cerrar cualquier resquicio que permita usar presupuesto público en operaciones bursátiles.
Los promoventes sostienen que algunos entes autónomos han colocado recursos no ejercidos o derivados de subejercicios en instrumentos financieros de riesgo, ya sea directamente o mediante intermediarios. Todo ello bajo el argumento de generar rendimientos.
En la práctica, advierten, ese dinero debió haberse aplicado a escuelas, hospitales, infraestructura, programas sociales y servicios públicos. En cambio, terminó sujeto a la volatilidad del mercado.
Morena y el PT recalcan que el presupuesto no se autoriza para “apostarse”, sino para ejecutarse estrictamente en los fines que justificaron su aprobación. Cada peso no aplicado a tiempo representa una oportunidad perdida para el desarrollo del estado.
El documento agrega que, en muchos casos, los rendimientos generados por esas inversiones se manejan de manera discrecional y sin los controles de fiscalización que exige el ejercicio del gasto público, creando una zona gris en la administración del erario.
Como ejemplo del riesgo, citan la inversión superior a 200 millones de pesos que la administración pasada colocó en Banco Accendo, institución que quebró poco después. A la fecha, la recuperación del recurso sigue incierta.
Para evitar que episodios similares se repitan, la iniciativa crea el artículo 162 Bis de la Constitución y modifica leyes como la de Gasto Público, la Electoral, la de Medios de Impugnación, la Orgánica de la Fiscalía, la de la CODHET, la Ley Constitutiva de la UAT y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas con la misma prohibición: no invertir dinero público en instrumentos sujetos a riesgo de mercado.
El proyecto también ordena que los órganos autónomos que hoy mantengan inversiones bursátiles retiren esos recursos y los reintegren a la Secretaría de Finanzas en un plazo máximo de 45 días, junto con los rendimientos generados, para que la dependencia determine el momento adecuado de liquidación.
La exposición de motivos cierra con un mensaje contundente: el dinero de las tamaulipecas y los tamaulipecos no es capital de riesgo. Es patrimonio social que debe traducirse en servicios, obras y bienestar. La reforma, insisten, busca garantizar que cada peso público sirva al pueblo y no al mercado financiero.
