Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En Tamaulipas, las mujeres en situación de violencia podrán usar pulseras de pánico que estarán monitoreadas por las autoridades, como parte de una reforma aprobada por el Congreso del Estado para reforzar la protección inmediata de las víctimas.
Lo anterior, lo establece un dictamen aprobado por la Diputación Permanente a través del cual se adiciona una fracción 4 Bis al artículo 10
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Aunque la reforma todavía requiere del aval del Pleno Legislativo, lo cual se prevé ocurra este miércoles en sesión extraordinario, su aprobación es prácticamente un hecho por tratarse de una iniciativa impulsada por la bancada de Morena.
La acción legislativa faculta a las autoridades competentes para ordenar el uso de dispositivos electrónicos de alerta o geolocalización cuando exista un riesgo fundado para la integridad o vida de una mujer.
El decreto precisa que las pulseras deberán estar vinculadas a los sistemas de seguridad pública del Estado y operar bajo protocolos que aseguren una reacción rápida, efectiva y coordinada por parte de las corporaciones.
El objetivo es garantizar que las mujeres tengan un mecanismo de protección inmediato que disuada a los agresores y obligue a las autoridades a actuar sin demora.
El contexto en Tamaulipas también es alarmante. Durante 2022 se registraron 42 homicidios dolosos de mujeres, mientras que tan solo en un mes se recibieron 264 llamadas al 9-1-1 por violencia contra mujeres. Victoria concentró el 32 por ciento de los reportes, seguida por Reynosa con 24 por ciento y Matamoros con 15 por ciento.
Las mujeres separadas o divorciadas enfrentan mayor vulnerabilidad. El 60.5 por ciento reconoció haber sido víctima de actos violentos durante su relación, de las cuales el 35.1 por ciento padeció agresiones físicas.
Ante ello, los diputados consideran que esa población debe ser prioritaria en la entrega de las pulseras, ya que sus antecedentes de violencia de pareja las colocan en un riesgo más alto de sufrir nuevas agresiones.
El decreto ordena a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas emitir en un plazo de 90 días los lineamientos para la entrega, monitoreo y operación de los dispositivos electrónicos.
Además, obliga a las instituciones públicas competentes a realizar las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias para implementar la reforma, sin afectar los recursos ya asignados.
Los municipios también deberán colaborar con el Estado en la operación de un sistema de respuesta inmediata, conforme a sus capacidades y normatividad local.
