Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma al Código Penal del Estado para combatir las nuevas formas de extorsión digital que involucran el uso de inteligencia artificial, redes sociales, material íntimo y programas informáticos maliciosos.
La reforma adiciona los artículos 426 Bis y 426 Ter, que equiparan al delito de extorsión aquellas conductas donde se amenace a una persona con difundir imágenes, videos o información privada —alterada o no— con fines de lucro o daño reputacional, así como cuando se utilicen programas maliciosos (malware) para retener datos personales y exigir un rescate.
Las nuevas disposiciones responden al creciente uso de medios digitales en delitos que afectan gravemente la privacidad, la seguridad y la dignidad de las víctimas. El castigo será igual al que establece la ley para la extorsión tradicional: de 10 a 15 años de prisión y multas de 250 a 1,500 UMAs.
De acuerdo con el dictamen aprobado, este tipo de conductas representan una dimensión moderna de la violencia psicológica y económica, que requiere una regulación penal específica para proteger a los ciudadanos en el entorno digital.
La iniciativa fue promovida por la diputada morenista Úrsula Salazar Mojica, quien argumentó que hoy en día se amenaza a personas con divulgar material íntimo, incluso alterado con inteligencia artificial, para obtener dinero o doblegar voluntades.
Durante el análisis legislativo, el Poder Judicial del Estado advirtió que los casos propuestos no encajaban del todo en el tipo penal de extorsión existente. Por ello, se optó por crear figuras equiparadas, reconociendo su gravedad sin desvirtuar el marco jurídico actual.
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El artículo 426 Bis castigará a quien difunda o amenace con compartir contenido digital —real o manipulado— para causar daño moral o social a la víctima o a terceros, mientras que el artículo 426 Ter se aplicará a quienes usen malware para retener archivos y exigir un pago por liberarlos, lo que comúnmente se conoce como ransomware.
Los legisladores coincidieron en que estas prácticas, aunque no nuevas, han proliferado con el acceso masivo a la tecnología y el uso creciente de redes sociales, por lo que la respuesta del Estado debía actualizarse con celeridad.
“Se trata de proteger el honor, la intimidad y los derechos digitales de los tamaulipecos ante una nueva clase de delincuentes que operan desde pantallas, pero generan consecuencias devastadoras”, se lee en el dictamen.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
