Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las empresas de grúas estarán obligadas a reparar o indemnizar los daños o robos que sufran los vehículos remolcados sin causa justificada.
Así lo establece parte de la reforma a la Ley de Tránsito aprobada hoy por el Congreso del Estado.
Con esta disposición, los automovilistas tendrán el respaldo legal para exigir una reparación integral del daño, tanto si se trata de afectaciones físicas al vehículo como de robo de objetos dentro de la unidad.
La autoridad vial tendrá la obligación de intervenir y sancionar a la empresa responsable.
El dictamen aprobado busca frenar los abusos cometidos por algunos concesionarios que remolcan autos sin base legal, afectando a los ciudadanos y generando cobros indebidos por estancia y maniobras. Se trata de una demanda ciudadana largamente ignorada.
Otra reforma relevante aprobada establece que los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito ya no irán a una cuenta genérica, sino que deberán destinarse exclusivamente a equipar a los cuerpos viales y otorgar estímulos económicos a los agentes.
Los recursos los manejará la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Con ello, se pretende profesionalizar la función de Tránsito y garantizar que los agentes cuenten con uniformes, patrullas, radios y demás herramientas necesarias para el ejercicio de su función, en condiciones dignas y eficaces.
Asimismo, se busca romper con el incentivo perverso de recaudar por recaudar, vinculando directamente las sanciones al fortalecimiento del servicio público.
El Congreso también aprobó la implementación de la licencia digital de conducir, que tendrá la misma validez legal que el documento físico y podrá ser consultada desde una aplicación móvil oficial.
Este nuevo formato permitirá a los conductores portar su licencia en el teléfono celular, reducir el uso de papel, prevenir falsificaciones y agilizar los procedimientos de verificación por parte de los agentes de Tránsito.
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Además, las reformas establecen que todo automovilista que se niegue a identificarse o se dé a la fuga tras cometer una infracción, podrá ser arrestado y turnado ante el Ministerio Público, para determinar si su conducta configura un delito.
En casos graves, se faculta a la autoridad para solicitar la cancelación definitiva de la licencia de conducir, como medida ejemplar y preventiva, especialmente cuando haya reincidencia o agresión a los agentes.
Con estos cambios, la ley busca frenar la impunidad, fortalecer el respeto a la autoridad y proteger la integridad tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos en tareas de vigilancia vial.
