Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La inmunidad procesal se ha convertido en un obstáculo que fomenta la impunidad de servidores públicos corruptos, advirtió Eduardo Govea Orozco, fiscal especializado en el combate a la corrupción, al urgir al Congreso del Estado a revisar el juicio de procedencia y actualizar el marco legal en esa materia.
“La impunidad también se disfraza de inmunidad. Es hora de evolucionar”, sentenció el fiscal durante su participación en el foro “Avances y retos en la Procuración de Justicia en el Combate a la Corrupción”. El evento reunió a diputados de la Comisión de Anticorrupción, empresarios, colegios de abogados y estudiantes universitarios.
Govea Orozco también consideró imprescindible legislar para seguir la ruta del dinero en los delitos de corrupción, con el fin de sancionar a todos los involucrados, no sólo al servidor público.
“Muchas veces hay personas morales o particulares que se benefician de la corrupción. Si no se sigue el dinero, se deja el delito a medias”, subrayó.
Dijo que el objetivo de la Fiscalía no es únicamente obtener sentencias condenatorias, sino garantizar la reparación del daño causado al erario. “No se trata sólo de cárcel, sino de recuperar lo robado. Ahí hay mucho que avanzar en términos normativos”, añadió.
En conferencia de prensa previa al foro, Govea Orozco reveló que hasta mayo de 2025 la Fiscalía Anticorrupción había iniciado 790 carpetas de investigación. De ellas, 14 ya fueron judicializadas y ninguna ha sido desechada por falta de méritos.
Los casos investigados involucran a 458 servidores públicos de niveles medio y alto, con un daño patrimonial superior a los 400 millones de pesos en una sola dependencia, además de otros 125 millones relacionados con la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).
Entre los expedientes más representativos se encuentra el del exsecretario de Sebien, Rómulo Garza Martínez, quien fue vinculado a proceso por presunto desfalco. También se han girado 15 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de alto nivel de la administración anterior.
Durante el foro, Govea Orozco reiteró que las acciones emprendidas por la Fiscalía no tienen motivaciones políticas.
“No hay persecución política, hay investigación de hechos”, subrayó. Además, aseguró que el combate a la corrupción debe ser una política de Estado, no sujeta a intereses ni coyunturas.
Anunció que la Fiscalía ha abierto sus puertas a organismos empresariales como la CANACO y la Canirac, con el propósito de construir confianza y colaboración. Dijo que parte del trabajo institucional es escuchar a la sociedad organizada y responder con resultados.
En ese contexto, el representante de la CANACO propuso que sean las mesas de seguridad las que administren el impuesto sobre nómina, que es del tres por ciento y está destinado legalmente a tareas de seguridad pública. Señaló que eso permitiría mayor transparencia y eficiencia en el uso de esos recursos.
Govea Orozco reconoció el incremento en las denuncias ciudadanas, particularmente contra elementos de seguridad pública. “Qué bueno que lo hagan. Vamos a recibirlas todas y atenderlas con responsabilidad”, aseguró.
Finalmente, adelantó que se instalarán buzones de denuncia en diversos puntos del estado y se fortalecerá el equipo técnico con nuevos peritos en contabilidad forense, como parte de la estrategia integral para combatir la corrupción.
