Por Rogelio Rodríguez Mendoza
El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma legal para otorgar incentivos fiscales a las empresas que contraten a personas privadas de la libertad, liberadas o externadas.
La propuesta fue impulsada por la diputada morenista Gabriela Regalado Fuentes, con respaldo de Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano.
La reforma modifica los artículos 13 Sexies y 18 de la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, y busca promover la reinserción laboral y social de personas que han estado en prisión, ofreciéndoles una segunda oportunidad.
Con esta medida, el Comité de Incentivos —órgano encargado de proponer apoyos fiscales a empresas— podrá sugerir al Ejecutivo estatal beneficios fiscales específicos para quienes decidan contratar a este sector poblacional.
El dictamen, aprobado por el Pleno durante la reciente sesión itinerante en Nuevo Laredo, señala que muchas personas liberadas enfrentan dificultades para integrarse al mercado laboral debido al estigma social y a sus antecedentes penales.
La propuesta pretende reducir esa barrera con un enfoque de inclusión y prevención de la reincidencia delictiva.
La Secretaría de Seguridad Pública consideró viable la reforma, mientras que la Secretaría de Finanzas sugirió ampliar el artículo 18 para incluir de manera expresa a las personas liberadas entre los sectores que pueden generar beneficios fiscales para las empresas.
La medida fue presentada como una acción estratégica que apunta no solo a beneficiar a las personas liberadas, sino también a fortalecer la seguridad, el bienestar comunitario y la cohesión social en el estado.
