En el marco del arranque del proceso legislativo en el Senado para sacar la reforma al Poder Judicial, senadores de oposición denunciaron el presunto acoso de algunas fiscalías estatales para presionarlos a fin de que salga adelante ese dictamen ya aprobado en la Cámara de Diputados.
En Querétaro, Marko Cortés, líder nacional del PAN y senador plurinominal, hizo un llamado al gobierno federal a que “deje de usar a las fiscalías” para presionar a legisladores del blanquiazul.
“Quiero hacer un firme llamado, una exigencia al gobierno federal, que ya deje de estar usando las fiscalías para presionar a nuestros senadores y senadoras. Están buscando delitos, les están generando diferentes carpetas de investigación y están amenazando a ellos y a su familia”, declaró Cortés, al tiempo que Guadalupe Murguía señaló que pese a ello hay unidad en la oposición.
Más tarde, en redes sociales, el dirigente panista reiteró: “Exijo al gobierno federal y a Morena que dejen de presionar con las fiscalías a las y los senadores de oposición, que ya dejen de intentar sobornarlos.
“Que acepten que en el Senado de la República el pueblo de México no les dio una mayoría calificada para hacer lo que quieran con nuestra Constitución, que reconozcan que más de 43% de las y los mexicanos no votaron por ustedes, que quieren equilibrios y contrapesos de poder”, escribió.
También entrevistada en Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora de los senadores del Partido Acción Nacional, afirmó que pese a estar recibiendo amenazas y propuestas de sobornos para aprobar la reforma judicial, toda la oposición política está unida para evitar que se logre este objetivo.
En mi caso personal, agregó, no he recibido amenazas, pero sí se ha comentado por parte de otros integrantes del Senado que ha habido propuestas e invitaciones para concederles el voto al gobierno oficialista”, indicó la coordinadora panista.
El senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri añadió que Acción Nacional y sus aliados están preparados para dar la batalla contra la reforma judicial y aseguró que cualquier intento del gobierno por buscar un resquicio legal será enfrentado con las acciones correspondientes.
Integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales señaló que el legislador Daniel Barreda está siendo presionado a través de una serie de acusaciones desde el gobierno de Campeche que encabeza la morenista Layda Sansores.
“La gobernadora ha traído ahí una persecución que ha crecido a partir de la reforma judicial. Ya había algunas denuncias y demás, pero a partir de esta reforma se convirtieron en órdenes de presentación, de aprehensión”, dijo.
