Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Fueron aprobadas por la Diputación Permanente, diversas reformas de ley que permitirán al gobierno del estado un mayor y enérgico control sobre las empresas de seguridad privada.
De acuerdo con el dictamen avalado y que todavía requiere el voto del Pleno legislativo, dos son los aspectos relevantes de la iniciativa: uno, reforzar la obligación de las empresas de que todo su personal operativo acredite y tenga vigentes los exámenes de evaluación y control de confianza; y dos, informar puntualmente de las altas y bajas de sus elementos.
La acción legislativa, impulsada por diputados de Morena, consiste en reformas a la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad.
En la exposición de motivos, se señala que, con la reforma se busca que las instituciones de seguridad privada cuenten con personal operativo competente, confiable, alejado de la corrupción y con una visión de servicio.
De esa manera, las empresas estarán obligadas a acreditar las evaluaciones de control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, (C3), como lo hacen todos los aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales e instituciones de procuración de justicia.
También a informar al mismo “C3”, dentro de los primeros cinco días de cada mes, las altas y bajas del personal operativo, así como cualquier tipo de sanción o suspensión en el servicio, con motivo de algún incumplimiento a los principios de actuación y desempeño que establece la Ley de Seguridad.
Una vez que la asamblea legislativa avale el dictamen emitido este día por la Diputación Permanente, y que las reformas entren en vigor, las empresas dispondrán de 120 días naturales para acreditar a todo su personal operativo.
En caso de incumplimiento serán severamente sancionadas.